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Asamblea acuerda trasladar $50 millones adicionales a Seguridad para "combatir a terroristas"

A los diputados de oposición les llama la atención que para Seguridad se destine tanto dinero a la vez que amplían la facultad del Ministerio de Justicia para evadir los controles de la Ley LACAP.

Por Eugenia Velásquez | Jun 13, 2022- 16:42

Un custodio cierra el portón del penal La Esperanza en Mariona. Lugar al que están llevando a las personas detenidas por el régimen de excepción. Foto EDH Archivo

Después de escuchar al director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, Carlos Salazar, decir que hay fondos para seguir haciendo frente a las pandillas en el marco del régimen de excepción, los diputados de la comisión de Hacienda emitieron dictamen favorable para incorporar al Ministerio de Seguridad $50 millones más para gastos corrientes que ocasionará un plan especial llamado “combate a terroristas”.

Esta cartera de Estado es la que más recursos ha recibido de parte de la Asamblea, incluso, desde antes de la entrada en vigor del régimen de excepción.

Son casi $500 millones los que se han destinado a las distintas fases del Plan Control Territorial desde 2019 en que el presidente Nayib Bukele llegó al Ejecutivo. Hace unos días, En marzo pasado, los diputados oficialistas también trasladaron otros $80 millones para el régimen de excepción.

VER: Gobierno pide $50 millones más para régimen de excepción; FMLN reclama que usan seguridad para "saquear las arcas del Estado"

En esa ocasión, de los $80 millones que la Asamblea autorizó al Ministerio de Seguridad; $60 millones se ocuparían para comprar equipos, armamento, vehículos y uniformes para los agentes de la Policía y, el resto, $20 millones, para operaciones del Ejército.

El Ministerio de Justicia administraría $60 millones, de los cuales, $30 millones eran para comprar bienes y servicios y la otra mitad, $30 millones para hacer transferencias.

A pesar de que el Plan Control Territorial fue vendido por el gobierno, como la insignia del combate a las maras, tuvo que pedir a la Asamblea le autorizara implementar un régimen de excepción para “hacer la guerra en contra de las pandillas”.

Dicho sistema lleva ya tres meses de vigencia, lo que ha dejado, según cifras de las autoridades policiales, más de 40,000 capturas de personas supuestamente relacionadas a los grupos criminales.

En el dictamen se argumenta que para el régimen de excepción, se hace necesario contar con recursos adicionales de hasta $50 millones para que el Ministerio de Seguridad continúe con la ejecución de medidas extraordinarias. El fondo será usado para financiar el “Programa Especial de Combate a Terroristas”.

Esta petición fue cuestionada la semana pasada por la diputada Marleni Funes, del FMLN, quien expuso que pareciera que el gobierno usa a la seguridad como pretexto para desbancar las finanzas del Estado, sin rendir cuentas del dinero gastado.

LEER: Según experto: Las denuncias de abusos en régimen causaron preocupación en Cumbre

“El régimen de excepción que vino a sustituir al Plan control Territorial, está siendo otro mecanismo de trasladar dinero de una cartera de estado a otra y seguir gastando sin mayores explicaciones, porque ahorita no sabemos en qué se usó el dinero. Se habla de dinero para el Plan Control Territorial y luego desaparece y surge el régimen de excepción, ahora piden dinero para este régimen, además se aprueba una ley especial para hacer contrataciones para el régimen de excepción, pareciera que es llenadera en las autoridades se justicia”, reclamó Funes.

A los diputados de la oposición les llama la atención que para Seguridad se destine tanto dinero a la vez que amplían la facultad del Ministerio de Justicia para evadir los controles de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

Este decreto legislativo transitorio que avalaron en abril permite que durante la vigencia del régimen de excepción, las compras que hace el Estado estén exentas del pago de aranceles y otros impuestos y que se puedan realizar sin pasar por la LACAP.

Esta normativa que podrá ser evadida por las instituciones del gobierno que gasten recursos públicos en el marco del régimen de excepción, es para evitar actos de corrupción o falta de transparencia en el uso de los fondos estatales.

La evasión de la LACAP también se podrá dar en los fondos que contrate el Ejecutivo para la construcción de más centros penales.

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