A pesar de que El Salvador cuenta con una Ley de Rectificación y Respuesta, ningún funcionario público ha hecho uso de la Ley de Rectificación y Respuesta, en torno a reportajes de investigación realizados por distintos medios de comunicación que dan cuenta de supuestos actos de corrupción de parte de algunos funcionarios públicos.
“¿Cuántos funcionarios han hecho uso de la ley? ninguno, se cuestiona al periodista, pero no se cuestiona lo publicado, porque están bien sólidas las investigaciones”, explicó el presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Castro Fagoaga.
Tal es el caso del director de Centros Penales, Osiris Luna Meza, dijo Fagoaga, a quien explicó que los periodistas lo han buscado para obtener su respuesta pero no ha querido hablar.
Esto en relación a las declaraciones del asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, quien señala que a los funcionarios se les daña su honor al publicar situaciones que podrían ser no ciertas antes de que el funcionario pueda defenderse.
“En el caso del señor Osiris Luna por ejemplo, cuando se dice que no se protege el honor, al señor Osiris Luna varios medios de comunicación lo han buscado porque quieren entrevistarlo antes de publicar y después de publicar también, pero el señor Osiris nunca ha querido”, manifestó Fagoaga.
Añadió que en todas las investigaciones periodísticas se constatan los hechos y se pide respuesta, ya que es el manual a seguir en el ejercicio periodístico.
“Cada vez más se dice en las investigaciones que se buscó al funcionario, se le llamó, se pidió entrevista al funcionario y no quiso hablar”, explicó Fagoaga, por lo que considera que en realidad ese no es el problema detrás de las acusaciones de Argueta, de que se daña el honor de los funcionarios públicos.
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Antes de que el Departamento de Estado de EE.UU. diera a conocer de las sanciones aplicadas a Luna Meza, así como al Director del Tejido Social, Carlos Marroquín y a la jefa de gabinete, Carolina Recinos; ya habían investigaciones serias sobre la vinculación de Osiris Luna con posibles negociaciones con las pandillas.
Sin embargo, para Fagoaga no es cierto que el Departamento del Tesoro se haya basado en información periodística al respecto, pues señaló que el gobierno de Estados Unidos tiene sus propios medios serios de investigación.
“Se dice que en El Salvador ya se sabía esto, porque ya se había investigado lo de las pandillas, pero Estados Unidos tiene sus propias investigaciones, los funcionarios no quieren que la población vea la letra pequeña, que dice que la investigación fue llevada a cabo por la fuerza de Tarea Vulcano y también colabora el FBI, eso empezó durante la administración del presidente (Donald) Trump, ni siquiera con los demócratas”, valoró Fagoaga.
Explicó que las sanciones con la Ley Magnitsky es el tercer tipo que impone EE.UU., pero se quiere hacer ver que están motivadas y que la fuente de éstas solo son investigaciones periodísticas.
“En El Salvador ya sabíamos de esto, porque el periodismo informó que el gobierno de (Nayib) Bukele ha negociado con las pandillas y dio pruebas sobre eso, dio documentos del mismo gobierno, pero Estados unidos tiene su propia investigación, no es cierto que Estados Unidos se base o tome en cuenta únicamente informaciones periodísticas, sería un poco absurdo pensar eso, que una potencia de ese tipo lo tenga”, explicó.
Fagoaga también explicó que en El Salvador el gremio periodístico se siente más identificado con el esfuerzo que hacen sus colegas de Nicaragua, quienes a pesar de las adversidades siguen haciendo periodismo, un pilar de la democracia que a su criterio está siendo atacado y va a la deriva en el país mediante la intimidación que hacen los funcionarios del gobierno a los comunicadores.
“No puede ser que se criminalice el hecho de criticar y disentir. La democracia está totalmente en riesgo y retroceso y a la deriva autoritaria”, afirmó Fagoaga.