Las declaraciones del Asesor Jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, promueven un discurso de odio contra la prensa y, además, buscan desviar la atención de temas importantes, entre ellos, las investigaciones que han revelado actos de corrupción palpables en funcionarios del gobierno de Nayib Bukele.
Así lo afirmó la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) este miércoles en conferencia de prensa donde se pronunció en contra de dichas declaraciones que calificaron como “una amenaza real al periodismo salvadoreño”.
El lunes, Argueta dijo en la entrevista televisiva Frente a Frente que sugirió a los funcionarios del gabinete de Nayib Bukele señalados de corrupción y sancionados por Estados Unidos que actúen en contra de los periodistas que dañen su honor al publicar investigaciones y reportar estas sanciones.
Esto, a pesar de que la jurisprudencia local e internacional protege a los medios de demandas en este sentido y que la normativa legal del país reconoce que los funcionarios están expuestos a un escrutinio mayor en razón de su cargo.
“Estas declaraciones además de ser irresponsables e irracionales, lo que promueven es un discurso de odio contra la prensa y esa es una narrativa muy peligrosa que cada vez vemos que es más frecuente en esta administración, lo cual nos preocupa muchísimo”, dijo el presidente de APES, César Castro Fagoaga.
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Además, señaló que con esto se pretende “desviar la atención de los importantes”. “Lo que deberíamos estar hablando es que en las altas esferas del GOES hay funcionarios involucrados en actos de corrupción y negociaciones con las principales pandillas en el país “, manifestó.
En ese sentido señaló que “lo que se quiere aquí es atentar contra los periodistas o contra los medios que están difundiendo este tipo de información”.
Según Castro Fagoaga, “preocupa que en Casa Presidencial haya este tipo de consejo jurídico, lo que nos hace pensar que incluso en las más altas esferas del poder están muy mal asesorados, quisiéramos pensar que simplemente es ignorancia, pero lo que parece ser es un nuevo grado de malicia de la administración pública en su estrategia contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en El Salvador”, opinó.
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Buscan desviar atención
Serafín Valencia, relator de expresión de APES y representante de la Universidad José Simeón Cañas (UCA) en la Mesa de Protección a Periodistas, ve en las sanciones de EE. UU. un “golpe fuerte” a los funcionarios de este gobierno y además se advierte que pueden no ser los únicos. “A partir de ahí es necesario desviar la atención, este es un tema que viene a buscar eso”, razonó.
Explicó que estas acciones tratan de enviar un mensaje a los periodistas para que se autocensuren y a los medios de comunicación para que dejen de difundir información que tiene que ver con las críticas hacia las acciones gubernamentales.
Por su parte, Leonel Herrera, representante de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) hizo un llamado a la sociedad salvadoreña a comprender que detrás de las amenazas al periodismo, hay golpes al derecho de cada persona a saber qué hacen sus funcionarios.
“Lo que hizo el señor Argueta es confesar una conspiración contra el derecho de la gente a la información pública. Cuando él dice públicamente que ha sugerido a funcionarios para que demanden a quienes escribieron, no solo es una amenaza contra periodistas y medios, sino que es una conspiración contra el derecho de la información y a estar informados para conocer sobre el desempeño de los funcionarios que son sus servidores”, expuso Herrera.
Susana Peñate, síndica de APES, destalló que “en lo que va del año, el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas, ha registrado 214 casos de agresiones. El año 2020 fueron 125. Ya están más que superados los casos de agresiones a periodistas en comparación a años anteriores”.
“Las principales agresiones que se registran tienen que ver con restricción al ejercicio periodístico. Tenemos 98 denuncias en lo que va de este año. La labor periodística está siendo restringida, principalmente por funcionarios o autoridades públicas”, concluyó.