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APES sobre demandas a periodistas: El Gobierno se ha convertido en enemigo de la prensa

La APES advierte que la Constitución manda al derecho de respuesta no a “matar al mensajero”, en torno a sugerencia del asesor jurídico de Capres para que funcionarios señalados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. tomen acciones en contra de periodistas.

Por Eugenia Velásquez | Dic 13, 2021- 21:12

La APES se pronunció sobre las declaraciones del asesor jurídico de Presidencia. Foto EDH / Archivo

El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), César Fagoaga, advierte que el gobierno de El Salvador se ha convertido en “enemigo de la prensa. El riesgo para arbitrariedades, detenciones y persecución es cada vez mayor”, afirmó en su cuenta de Twitter acompañado de un comunicado oficial de la Asociación.

En ese texto se hace referencia a las declaraciones hechas este lunes por el asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, quien recomendó a los funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, señalados por el Departamento del Tesoro del Estado de Estados Unidos, de mantener negociaciones con las pandillas y en actos de corrupción; de emprender acciones legales en contra de los periodistas que han reproducido la investigación oficial que dio origen a la aplicación de la Ley Global Magnitsky en contra de tres altos funcionarios del gobierno.

VER: Asesor de Presidencia sugiere a funcionarios sancionados por EE. UU. demandar a periodistas

Al respecto, la APES señala que Argueta de nuevo se pronuncia en contra del Derecho a la Libre Expresión y al Ejercicio del Periodismo.

“No causa sorpresa tales exabruptos; ya el gremio de periodistas está acostumbrado a ellos. A lo que no nos acostumbramos en la APES es a la exhibición de ignorancia jurídica que el funcionario demuestra, situación que debería ser motivo de preocupación en una sociedad democrática”, señala el comunicado de la Asociación.

Añaden que es tal el grado de desconocimiento de las normas jurídicas que la APES también recomienda que se le asigne un asesor a Argueta que le recuerde el significado de los derechos a la libertad de expresión y de prensa y las consecuencias que tal situación tiene para el país.

La APES señala las normativas que estarían siendo violentadas en caso de que los funcionarios implicados tomaran acciones legales en contra de los periodistas a raíz de la investigación del Departamento del Tesoro de EE.UU., para el caso se trata del director de Centros Penales, Osiris Luna Meza; del Director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín; y la jefa de gabinete del Ejecutivo, Carolina Recinos.

TAMBIÉN: Pretensión del Gobierno de demandar a periodistas no tiene asidero legal, según jurisprudencia

Primero, se viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su Art. 13 que detalla que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”, que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.

Que esa Convención señala que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado en su “Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, que los condicionamientos previos por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

Además, la misma Constitución salvadoreña reconoce en el Art. 6 el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento, derechos que complementa con el derecho de respuesta.

“De manera que tanto el emisor de un mensaje como quien lo recibe, y se considere agraviado, pueda ejercer sus derechos y garantías en forma libre y responsable, eliminando el mensaje, no al mensajero, como sugiere la lógica jurídica del asesor presidencial”, explica la APES.

Según los dirigentes de la Asociación las declaraciones de Argueta lo que hacen es promover el discurso de odio en contra del periodismo y los periodistas.

Sostienen que considerar que los autores de las publicaciones periodísticas que dan cuenta de los hechos, son los responsables de trastocar la realidad es un “burdo intento de manipular a la población. Culpar a quienes tienen la obligación de investigar e informar significa obviar las actuaciones de los funcionarios que están obligados por ley a conducirse con probidad y transparencia en el cumplimiento de sus atribuciones, máxime cuando de administrar fondos públicos se trata”.

Apuntan que con estas acciones el gobierno del presidente Bukele se confirma como enemigo del periodismo y la libertad de prensa, precisamente porque está en contra de la transparencia.

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