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Hay presos políticos en El Salvador, señala el padre Andreu Oliva

El rector de la UCA explicó que ciertas características establecidas por el Consejo de Europa para catalogar a un "preso político" se cumplen con algunas capturas en el país.

Por Lissette Lemus | Nov 03, 2023- 10:09

Padre Andreu Oliva, rector de la UCA. FOTO EDH Cortesía

La detención de algunas personas en El Salvador cumple con las características de presos políticos, según lo establecido en estándares internacionales, aseguró la mañana de este viernes el padre Andreu Oliva, rector de la UCA, durante la entrevista radial.

El académico explicó que el Consejo de Europa establece cinco características de los presos políticos, entre ellas, aquellos capturados que “por motivos políticos la duración de la detención y sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que es responsable. 

Asimismo, si por motivos político el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas 

“Podemos decir que estas circunstancias se han dado en nuestro país. Se observa una determinada arbitrariedad con algunas personas que han sido detenidas y que han ejercido cargos públicos, que han sido miembros de partidos políticos , puesto que vemos que habiendo cometido varias personas el mismo delito, unas son detenidas, o a unas se les concede el beneficio de arresto domiciliario y a otras no”, aseguró Oliva. 

El sacerdote manifestó que debería exigirse que todas las personas sean tratadas por igual y que a todas se les respete su debido proceso y se les garantice una justicia pronta y cumplida. 

Por otra parte, Oliva dijo que todas las personas que se encuentran privadas de libertad, esperando un juicio o una sentencia, deben ser tratadas de acuerdo a lo establecido en la Reglas Nelson Mandela, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Estas reglas deben ser adoptadas por todos los países que forman parte de las Naciones Unidas, incluyendo a El Salvador. 

La primera regla de la ONU establece que todos los reclusos deben ser tratados con el respeto que merece su dignidad y no podrán ser sometidos a tortura ni a tratos o penas crueles inhumanas o degradantes.

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“Esta regla está siendo claramente violada en nuestro país y no solamente para aquellas personas que han tenido una vinculación política con determinado partido sino para la mayoría de los privados de libertad”, expuso Oliva. 

Además el académico explicó que se está violando el derecho a la comunicación con sus familiares e información de las condiciones de los detenidos. Las reglas Mandela establecen que todo recluso debe ser autorizado “a comunicarse periódicamente, bajo la debida vigilancia, con sus familiares y amigos: por correspondencia escrita y por los medios de telecomunicaciones, electrónicos, digitales o de otra índole que haya disponibles; y recibiendo visitas”. 

“Todo eso está siendo conculcado o el derecho a informar a la familia que tiene una personas privada de libertad, cada traslado, cualquier enfermedad debe ser informada a la familia lo que tampoco está ocurriendo” dijo. 

El caso más reciente que se viralizó en redes sociales que demuestra que a los familiares de los capturados se les violenta el derecho de información, ha sido el del asesor de Seguridad del gobierno de Nayib Bukele, Alejandro Muyshondt, capturado en agosto pasado.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de manera parcial sobre la detención después que la petición de información de Patricia Álvarez, madre del capturado, se viralizó en redes sociales. Ella lanzó llamados al Gobierno para conocer sobre la condición de salud de su hijo. Álvarez también aseguró a El Diario de Hoy que el nombre de su hijo no aparece en el registro de personas detenidas que lleva la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador, quien lleva más de dos años en detención provisional sin haber sido juzgado, ha denunciado de manera reiterada que se le están violando sus derechos y se considera un "preso político". Al exedil la Fiscalía le ha acumulado varios delitos y, recientemente, una Cámara ordenó repetirle el juicio por un caso en el que ya había sido absuelto en agosto.

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