Amnistía Internacional advierte que nueva ley permite persecución selectiva de ONG

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) se suma a las entidades que expresaron su preocupación de que la nueva Ley de Agentes Extranjeros, aprobada el pasado 20 de mayo por la Asamblea Legislativa dominada por el partido Nuevas Ideas, se utilizada para perseguir a las organizaciones sociales.

La ley establece un impuesto del 30% a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciba fondos de extranjeros y las obliga a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) o serán canceladas sus personerías jurídicas.

"Y otorga al Ejecutivo facultades discrecionales para cancelar personerías jurídicas y aplicar multas de hasta $250,000. El concepto de “agente extranjero” no solo carece de una definición legal clara y precisa, lo que deja a las a las organizaciones de la sociedad civil en una situación de vulnerabilidad frente a la arbitrariedad estatal, sino que además existen abundantes evidencias de su creciente uso a nivel global como herramienta para  restringir el espacio cívico y silenciar voces críticas", dice la organización.

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Uno de los elementos más preocupantes es la "criminalización del derecho de asociación" al sancionar acciones protegidas por el derecho y las normas regionales e internacional de los derechos humanos. Señala que la sanciones de recibir fondos para algunas actividades "habilita un margen amplio para la discrecionalidad estatal y puede ser utilizada para hostigar, fiscalizar o cerrar organizaciones que resulten incómodas al poder".

También advierte que el peligro que representa esta ley se agrava considerablemente en un contexto donde el Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR) están cooptados por el poder Ejecutivo y carecen de independencia.

"Bajo estas condiciones, las amplias facultades que otorga la ley al Ejecutivo y al RAEX pueden ser utilizadas para ejercer persecución directa y selectiva contra organizaciones que defienden derechos humanos, luchan contra la corrupción o simplemente expresan posturas críticas", enfatizó AI.

Además, la ley no establece mecanismos claros ni efectivos de control judicial que permitan apelar, revisar o revocar decisiones que las organizaciones puedan considerar arbitrarias o desproporcionadas. Ante la ausencia de recursos judiciales confiables e independientes, las organizaciones afectadas quedan prácticamente indefensas frente a posibles abusos de poder

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“Lejos de garantizar transparencia, esta ley pretende institucionalizar la persecución contra organizaciones y se convierte en una herramienta más para intentar silenciar, debilitar y desmantelar la sociedad civil independiente. El talante ‘cool’ que le intentó imprimir el presidente Nayib Bukele a sus acciones cada vez se parece más a lo peor de las acciones autoritarias que han tenido lugar en América Latina por décadas”, dijo Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Además, la ley no establece mecanismos claros ni efectivos de control judicial que permitan apelar, revisar o revocar decisiones que las organizaciones puedan considerar arbitrarias o desproporcionadas.

"La aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros representa un nuevo golpe al ya debilitado espacio cívico en El Salvador. Esta ley no ocurre en el vacío: forma parte de una preocupante escalada autoritaria orientada a silenciar voces críticas y neutralizar a la sociedad civil independiente. El Salvador no necesita más opacidad ni represión, necesita instituciones que protejan derechos, no que los criminalicen", señaló Ana Piquer.