Ambientalistas cumplen 14 meses capturados arbitrariamente, denuncia asociación

Los defensores ambientales de la comunidad Santa Marta en Cabañas, cumplieron 14 meses de haber sido capturados de forma arbitraria por las autoridades salvadoreñas. 

La Asociación para el Desarrollo Económico y Social de Santa Marta (Ades) denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una nueva acusación la cual no gozaría de pruebas de respaldo. “Durante el año que duró la fase de instrucción del proceso no obtuvo ni un solo elemento que confirme la existencia de los delitos señalados y la participación de los acusados”, señaló Ades a través de un comunicado. 

Solicitan a la Fiscalía que se respeten los DDHH en caso contra ambientalistas

Familiares y miembros de la adesco detallaron que el Juzgado Segundo Instancia de Sensuntepeque ha programado la audiencia preliminar para el próximo 3 de abril. Según los representantes en esta fecha el caso debería cerrarse debido a la falta de pruebas y decretarse el sobreseimiento definitivo para los líderes comunitarios. 

“Exigimos al referido tribunal que actúe en base a la legalidad y de por finalizado este injusto proceso penal, para que nuestros compañeros regresen a sus labores de defensores ambientales”, agregaron.

Ades recalcó el llamado a los defensores ambientales para unir sus voces y exigir la libertad para los seis detenidos de forma irregular. Para la gremial el caso se ha manipulado e instrumentalizado el sistema judicial, “que tiene como trasfondo la reactivación de la minería metálica”.

Familias protestan para que se cumpla orden de excarcelar a activistas

Incumplimiento de orden judicial

A finales de 2023 diferentes organizaciones se concentraron frente a la Dirección General de Centros Penales en San Salvador por el incumplimiento de una orden judicial para excarcelar a seis líderes comunitarios.

Debido a que el juzgado resolvió modificar la medida de detención provisional contra los cinco activistas de la comunidad Santa Marta, además de imponer una fianza económica de $3,000 a cada uno. Aunque el monto fue cancelado los imputados Miguel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro Rivas, Teodoro Pacheco, Saúl Rivas y Fidel Recinos no recibieron el chequeo médico necesario ni se les permitió regresar a sus casas.

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