Cinco empleadas de la alcaldía del municipio de Chinameca, departamento de San Miguel, han denunciado en varias instituciones el acoso sexual de que han sido objeto por parte del actual alcalde, José Dolores Díaz Mejicanos, quien ante la negativa de las empleadas a sus pretensiones sexuales, comenzó a acosarlas laboralmente, según consta en denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República (FGR) de San Miguel, así como en la Procuraduría de Derechos Humanos y en la sede de Ciudad Mujer.
A una de las empleadas le comenzó a preguntar cosas muy íntimas y a enviarle mensajes en la noche por redes sociales. Después del 10 de mayo la llamó a la oficina y le dijo que le daría un abrazo como felicitación del día de la madre. La empleada se negó a aceptarlo. Le dijo que eso ya había pasado.
Aproximadamente una semana después la volvió a llamar al despacho, en esa ocasión, le toco la pierna, ante lo cual ella le exigió que la respetara, que como jefe se diera a respetar. Para entonces, la empleada decidió encender la grabadora de sonido del teléfono.
Después de eso, la comenzó a acosar laboralmente, iniciando con trasladarla. Luego vinieron las amenazas de echarla bajo el argumento de que era de la directiva del partido que había perdido la alcaldía.
La empleada le hizo saber que estaba cometiendo acoso sexual y laboral y que tenía pruebas para acosarlo.
A raíz de lo anterior la removió de su puesto como recepcionista.
Otro de los casos es con una empleada a la que arbitrariamente trasladaron del departamento de Catastro hacia Secretaría; entre sus funciones era procurar que los acuerdos y otros documentos fueran firmados por los funcionarios correspondientes, entre estos, el alcalde.
También, cuando la recepcionista faltaba, el alcalde le ordenaba que tomara su lugar. Fue en una ocasión que entró al despacho para que le firmara unos acuerdos, cuando el funcionario aprovechó para decirle que siempre le había gustado y que salieran, que quería tener relaciones sexuales. Ante la negativa de la empleada, el alcalde le sugirió que pensara en su estabilidad laboral porque iba a despedir personal y que si accedía a las pretensiones, la iba a favorecer con un mejor salario. La empleada se negó y le exigió respeto.
En otra ocasión que entró al despacho a dejar unos documentos, cuando la empleada dio la vuelta para retirarse, la abrazó por detrás y le tocó los senos.
En otro de los casos, el alcalde mandaba a llamar a una empleada de Catastro. En una ocasión llamó a la oficina para ordenar que ella llegara a su despacho. Comenzó a hablar de trabajo, le dijo que se quitara la mascarilla, luego se sentó a la par de ella, le tomó las manos y comenzó a manosearla hasta intentar besarla. Ella se negó y le pidió respeto. La empleada logró salir del despacho cuando otra persona entró a hablar con el alcalde. Esto sucedió en julio.
Luego la mandó a llamar nuevamente a la oficina para decirle que le quería dar el cargo de jefe. Acto seguido le dijo que le gustaba, que quería tener una relación con ella porque le gustaba desde hace tiempo. Ella le dijo que no se podía porque él era casado. La abrazó y la intentó besar. Ella logró escapar. Esta vez fue en septiembre.
Con una cuarta empleada, la primera vez la quiso forzar a tener relaciones en una habitación de una funeraria de la cual es propietario el jefe edilicio. No sucedió. Esto fue el 19 de julio.
En una segunda ocasión, 10 de agosto, cuando la empleada entró al despacho a dejarle un café, según las fuentes y denuncias, el alcalde la tomó de las manos y le pidió que le toca los genitales. La empleada logró salir del despacho.
En un tercera ocasión, el 23 de septiembre, cuando la empleada entró a que le firmara unos documentos, cuando se dio la vuelta para salir, él se le abalanzó, le manoseó los pechos y la quiso besar.
Se decidieron a denunciar
El 5 de octubre, una de las empleadas se decidió a denunciar el caso ante la Fiscalía de San Miguel. Luego lo hicieron las otras cinco, pero una de ellas se retractó, aparentemente la hicieron firmar un documento en el que se retractaba.
Luego lo hicieron las demás, pero casi de inmediato, el alcalde supo que seis mujeres lo habían denunciado e hizo una reunión con algunas jefaturas para comentarles y supuestamente ponerse él como víctima.
Cuando se enteró de las denuncias el alcalde habría comenzado a llamarlas a cada una para pedirles que retiraran la demanda a cambio de garantizarles su estabilidad laboral por tres años, de mejoras salariales. Según las fuentes, una de ellas aceptó.
Con el resto montó en cólera y comenzaron a ser acosadas laboralmente a tal punto de que las denunciantes son vigiladas y no les dan permiso para hacer sus propias diligencias referentes al caso.
A raíz de lo anterior, las cinco empleadas decidieron denunciar también el caso en Ciudad Mujer, de donde remitieron el caso al juzgado especializado que, el 25 de noviembre anterior, emitió las medidas de protección.
De acuerdo con las fuentes, a más de un mes, la Fiscalía no ha hecho nada por investigar el caso a tal punto de que las víctimas tienen diversos audios como pruebas en contra de Díaz, pero en la fiscalía les dijeron que eso se los pedirían cuando les fuera asignado un investigador. La primera denuncia fue puesta el 5 de octubre, hace más de dos meses.
Las fuentes sospechan de que la Fiscalía podría estar siendo negligente en este caso debido a que el denunciado es hermano de un auxiliar fiscal que es jefe de una unidad en la Fiscalía de La Unión.
El Diario de Hoy intentó obtener la versión de la Fiscalía de San Miguel en este caso, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
El pasado 25 de noviembre, el mismo juzgado que emitió las medidas de protección a favor de las cinco denunciantes, refieren los informantes, también ordenó que se remitiera copia certificada de las medidas de protección a la Fiscalía.
Las fuentes afirman que el mismo juzgado ordenó que se informara del caso a la Procuraduría de Derechos Humanos sobre la posible vulneración de derechos de las denunciantes por parte del alcalde municipal de Chinameca, para que tomara acciones tendientes a proteger los derechos de las mujeres que laboran en esa comuna.