Cinco empleadas de la alcaldía del municipio de Chinameca, departamento de San Miguel, han denunciado en varias instituciones el acoso sexual de que han sido objeto por parte del actual alcalde, José Dolores Díaz Mejicanos, quien ante la negativa de las empleadas a sus pretensiones sexuales, comenzó a acosarlas laboralmente, según consta en denuncias interpuestas en la Fiscalía General de la República (FGR) de San Miguel, así como en la Procuraduría de Derechos Humanos y en la sede de Ciudad Mujer.
La situación es tan grave que el pasado 25 de noviembre, el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Miguel, dictó una serie de medidas a favor de las denunciantes, según fuentes de El Diario de Hoy que hablaron a condición del anonimato por temor a represalias.
De acuerdo con las fuentes, fueron seis las medidas dictadas a favor de las cinco denunciantes, entre las que están la obligación del alcalde de abstenerse de hostigar, perseguir, intimidar o realizar otras formas de maltrato en contra de las empleadas, cuyos nombres son omitidos por cuestiones legales.
El juzgado también le ha prohibido amenazar a las denunciantes, realizar acciones, de cualquier forma, que amenacen la estabilidad laboral de las cinco mujeres, proferirles frases con contenido discriminatorio, denigrante, peyorativo en cualquier ámbito, incluso en redes sociales; así también, se le ha ordenado al alcalde que cuando se dirija a las cinco denunciantes, lo haga con decoro y respeto, evitando proferir expresiones humillantes, ofensivas o que atenten contra la libertad sexual de las cinco empleadas municipales.
Todas esas medidas de protección, según las fuentes, entraron en vigencia del pasado 25 de noviembre y caducarán el 23 de mayo de 2022, aunque las mismas podrían extenderse, dependiendo del avance de las investigaciones o del comportamiento del funcionario denunciado.
Silencio y ambiente laboral tenso
El Diario de Hoy visitó la alcaldía de Chinameca el miércoles de la semana pasada con el propósito de que el alcalde de Nuevas Ideas, José Dolores Díaz Mejicanos, expusiera su versión. Sin embargo, la persona encargada del área de prensa afirmó que el jefe edilicio había salido a una reunión de trabajo.
Al día siguiente se le llamó a su teléfono celular, pero el alcalde dijo que no podía hablar porque los casos tenían reserva y que uno de sus abogados se comunicaría con el periodista, lo cual así ocurrió. Pero el abogado, que se identificó como José Otoniel Zelaya, reiteró que no podían hablar del asunto porque tenía reserva.
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De acuerdo con las fuentes, por lo menos han sido siete empleadas las que han sufrido acoso sexual y laboral, pero de estas, una no quiso demandar por temor, y otra más, según las fuentes, fue presionada para retirar la demanda a cambio de un beneficio económico. Aunque de esto último no hubo forma de comprobarlo.
Según las fuentes, luego de que el alcalde se enteró de que varias empleadas lo habían denunciado, intentó excusarse de manera general diciendo que las denunciantes habían actuado por consejos de otros miembros del Concejo que quieren causarle daño y no quieren dejarlo trabajar.
Lo anterior ha generado un ambiente laboral muy tenso dentro de la alcaldía, es decir, que se percibe divisionismo y a las denunciantes las han sometido a constante vigilancia y acoso laboral, a tal punto que no les dan permiso para hacer diligencias respecto de su caso.
Porque dentro de la alcaldía y en Chinameca ya es sabido que el alcalde ha sido denunciado por acosar a varias empleadas aunque él, supuestamente, le ha dado por decir que las denuncias son simplemente para causarle daño a su imagen y a sus funciones por ser del partido Nuevas Ideas.
Incluso, las fuentes señalan que ha tildado a las denunciantes de pertenecer a otros partidos políticos, aunque ellas llevan varios años de trabajar en la alcaldía.
Las llamaba a su despacho
Los actos de acoso sexual por los que Díaz Mejicanos ha sido denunciado sucedieron entre mayo y septiembre.
A una de las empleadas le comenzó a preguntar cosas muy íntimas y a enviarle mensajes en la noche por redes sociales. Después del 10 de mayo la llamó a la oficina y le dijo que le daría un abrazo como felicitación del día de la madre. La empleada se negó a aceptarlo. Le dijo que eso ya había pasado.
Aproximadamente una semana después la volvió a llamar al despacho, en esa ocasión, le toco la pierna, ante lo cual ella le exigió que la respetara, que como jefe se diera a respetar. Para entonces, la empleada decidió encender la grabadora de sonido del teléfono.
Después de eso, la comenzó a acosar laboralmente, iniciando con trasladarla. Luego vinieron las amenazas de echarla bajo el argumento de que era de la directiva del partido que había perdido la alcaldía.
La empleada le hizo saber que estaba cometiendo acoso sexual y laboral y que tenía pruebas para acosarlo.
A raíz de lo anterior la removió de su puesto como recepcionista.
Otro de los casos es con una empleada a la que arbitrariamente trasladaron del departamento de Catastro hacia Secretaría; entre sus funciones era procurar que los acuerdos y otros documentos fueran firmados por los funcionarios correspondientes, entre estos, el alcalde.
También, cuando la recepcionista faltaba, el alcalde le ordenaba que tomara su lugar. Fue en una ocasión que entró al despacho para que le firmara unos acuerdos, cuando el funcionario aprovechó para decirle que siempre le había gustado y que salieran, que quería tener relaciones sexuales. Ante la negativa de la empleada, el alcalde le sugirió que pensara en su estabilidad laboral porque iba a despedir personal y que si accedía a las pretensiones, la iba a favorecer con un mejor salario. La empleada se negó y le exigió respeto.
En otra ocasión que entró al despacho a dejar unos documentos, cuando la empleada dio la vuelta para retirarse, la abrazó por detrás y le tocó los senos.
En otro de los casos, el alcalde mandaba a llamar a una empleada de Catastro. En una ocasión llamó a la oficina para ordenar que ella llegara a su despacho. Comenzó a hablar de trabajo, le dijo que se quitara la mascarilla, luego se sentó a la par de ella, le tomó las manos y comenzó a manosearla hasta intentar besarla. Ella se negó y le pidió respeto. La empleada logró salir del despacho cuando otra persona entró a hablar con el alcalde. Esto sucedió en julio.
Luego la mandó a llamar nuevamente a la oficina para decirle que le quería dar el cargo de jefe. Acto seguido le dijo que le gustaba, que quería tener una relación con ella porque le gustaba desde hace tiempo. Ella le dijo que no se podía porque él era casado. La abrazó y la intentó besar. Ella logró escapar. Esta vez fue en septiembre.
Con una cuarta empleada, la primera vez la quiso forzar a tener relaciones en una habitación de una funeraria de la cual es propietario el jefe edilicio. No sucedió. Esto fue el 19 de julio.
En una segunda ocasión, 10 de agosto, cuando la empleada entró al despacho a dejarle un café, según las fuentes y denuncias, el alcalde la tomó de las manos y le pidió que le toca los genitales. La empleada logró salir del despacho.
En un tercera ocasión, el 23 de septiembre, cuando la empleada entró a que le firmara unos documentos, cuando se dio la vuelta para salir, él se le abalanzó, le manoseó los pechos y la quiso besar.
Se decidieron a denunciar
El 5 de octubre, una de las empleadas se decidió a denunciar el caso ante la Fiscalía de San Miguel. Luego lo hicieron las otras cinco, pero una de ellas se retractó, aparentemente la hicieron firmar un documento en el que se retractaba.
Luego lo hicieron las demás, pero casi de inmediato, el alcalde supo que seis mujeres lo habían denunciado e hizo una reunión con algunas jefaturas para comentarles y supuestamente ponerse él como víctima.
Cuando se enteró de las denuncias el alcalde habría comenzado a llamarlas a cada una para pedirles que retiraran la demanda a cambio de garantizarles su estabilidad laboral por tres años, de mejoras salariales. Según las fuentes, una de ellas aceptó.
Con el resto montó en cólera y comenzaron a ser acosadas laboralmente a tal punto de que las denunciantes son vigiladas y no les dan permiso para hacer sus propias diligencias referentes al caso.
A raíz de lo anterior, las cinco empleadas decidieron denunciar también el caso en Ciudad Mujer, de donde remitieron el caso al juzgado especializado que, el 25 de noviembre anterior, emitió las medidas de protección.
De acuerdo con las fuentes, a más de un mes, la Fiscalía no ha hecho nada por investigar el caso a tal punto de que las víctimas tienen diversos audios como pruebas en contra de Díaz, pero en la fiscalía les dijeron que eso se los pedirían cuando les fuera asignado un investigador. La primera denuncia fue puesta el 5 de octubre, hace más de dos meses.
Las fuentes sospechan de que la Fiscalía podría estar siendo negligente en este caso debido a que el denunciado es hermano de un auxiliar fiscal que es jefe de una unidad en la Fiscalía de La Unión.
El Diario de Hoy intentó obtener la versión de la Fiscalía de San Miguel en este caso, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
El pasado 25 de noviembre, el mismo juzgado que emitió las medidas de protección a favor de las cinco denunciantes, refieren los informantes, también ordenó que se remitiera copia certificada de las medidas de protección a la Fiscalía.
Las fuentes afirman que el mismo juzgado ordenó que se informara del caso a la Procuraduría de Derechos Humanos sobre la posible vulneración de derechos de las denunciantes por parte del alcalde municipal de Chinameca, para que tomara acciones tendientes a proteger los derechos de las mujeres que laboran en esa comuna.