Proponen eliminar apostilla en documentos extranjeros para agilizar trámites comerciales y aduaneros
Comisión legislativa avala reforma para suprimir la apostilla en documentos extranjeros usados en comercio y aduanas, con el fin de reducir trámites.
Por
Evelyn Alas
Publicado el 23 de febrero de 2026
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior emitió dictamen favorable para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos y suprimir la exigencia de apostilla en documentos extranjeros vinculados al comercio y aduanas. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Economía, busca reducir la burocracia y agilizar los trámites. La propuesta incorpora un artículo 4-A que permitirá resoluciones provisionales mientras se presentan requisitos en un plazo de diez días hábiles. De no cumplirse, la autoridad podrá suspenderlas. La medida también abarcará compras públicas y será supervisada por la Corte de Cuentas. De aprobarse, entrará en vigor tras publicación oficial en Diario Oficial.
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para reformar la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA) y eliminar la exigencia de apostilla o legalización de documentos públicos extranjeros en trámites vinculados a operaciones comerciales y aduaneras.
La iniciativa, impulsada por el Gobierno a través del Ministerio de Economía (MINEC), busca agilizar los procesos, reducir la burocracia y fortalecer el comercio exterior. La propuesta contempla la incorporación de un artículo 4-A a la normativa, el cual sería sometido a votación en la próxima sesión plenaria.
Durante el estudio de la reforma, los diputados escucharon a la asesora del despacho del MINEC, Martha Solís, quien explicó que el objetivo es facilitar los trámites en las operaciones aduaneras, eliminando requisitos que calificó como innecesarios.
Según detalló, entre los cambios propuestos se establece que la Administración Pública no exigirá la legalización o apostilla de documentos públicos emitidos en el extranjero, ni requerirá copias autenticadas, impresas o con firma manuscrita, cuando estos estén relacionados directamente con operaciones comerciales o aduaneras, incluido el registro de productos.
La reforma también contempla que, en los casos en que una ley especial exija estrictamente la legalización o apostilla y no aplique alguna excepción, se otorgará un plazo máximo de 10 días hábiles para presentar la documentación correspondiente. Durante ese período, la institución podrá emitir una resolución provisional, que se volverá definitiva una vez se cumpla con el requisito.
En caso de que el interesado no presente los documentos dentro del plazo establecido, la autoridad podrá suspender o revocar la resolución provisional.
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De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, la eliminación de la apostilla podría traducirse en una reducción de costos para importadores y exportadores, así como en una disminución en los tiempos de despacho y registro de productos. Además, facilitaría la participación de empresas extranjeras en procesos de compras públicas, al simplificar los requisitos documentales.
El alcance de la normativa abarcaría a toda la Administración Pública, incluyendo los procesos de contratación del Estado y las fases de compras públicas. Asimismo, las instituciones deberán adecuar sus procedimientos internos a lo dispuesto en la reforma, mientras que la Corte de Cuentas de la República será la encargada de supervisar su cumplimiento.
De aprobarse en el pleno legislativo, la modificación a la LPA entraría en vigor tras su publicación en el Diario Oficial.