El silencio de los partidos políticos sobre quiénes son sus financistas podría ser una medida para "protegerlos" ante posibles represalias, pero ese no sería el mecanismos más acertado y es violatorio a la ley, señaló el experto electoral, Malcolm Cartagena.
En el marco de la eliminación de la deuda política o financiamiento de fondos públicos a los partidos por parte de la Asamblea Legislativa dominada por Nuevas Ideas, dejaría a los institutos políticos con la única opción del financiamiento privado; pero la información sobre quiénes financian la política no es revelada.
Cartagena, coordinador del Centro de Monitoreo Político de Acción Ciudadana (AC), expuso que los partidos siempre han sido reacios a dar su información y esto podría agravar ese silencio.
"Eso no lo justifica, pero la razón detrás de ese silencio de los partidos de no decir sus financista es precisamente protegerlos de que se conozca quiénes son y que no sufran represalias. Por supuesto, no es el mejor camino, porque es incumplir la ley y, además, no puede ser que se combata una medida incorrecta con mayor opacidad", dijo este lunes Cartagena en la entrevista de YSUCA.
La Ley de Partidos Políticos establece que la información de los financistas de los partidos debe ser pública. Las donaciones a los partidos quedan registradas en el Ministerio de Hacienda.
Considera que la reforma constitucional favorece la opacidad de los partidos, entre esos el partido oficialista.
"En general, los partidos ha costado siempre que quieran que se les cuente sus costillas, que digan quién les está dando dinero; sin embargo, es especialmente grave en el caso de Nuevas Ideas porque este partido desde que apareció ha tenido esa conducta", afirmó.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explicó que el modelo de financiamiento de partidos en diferentes países puede combinar tanto el financiamiento público como el privado para sus campañas. En el caso de El Salvador, se tenía esa opción en la Constitución.
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"Con la idea de que los partidos no dependan de un financista privado que tiene intereses. En teoría el Estado, cuando es dinero público, no tiene un interés particular, sino que el interés del Estado es el bien común. Entonces se da el dinero a los partidos pensando en que esto mantiene en funcionamiento la democracia, evita que los financista privados capturen a los partidos", dijo.
La derogatoria de la deuda política se enmarca en las reformas electorales que mermaron la capacidad del resto de los partidos.
Cartagena indicó que según registros de la asociación, son más de $90 millones de fondos públicos asignados en la última década. "El tema es en este contexto en que estamos de régimen, que se persigue y condena cualquier viso de oposición o de pensamiento distinto al oficial, cuánto estará dispuesta la gente a estar financiando a los partidos políticos. Creo que ahí también hay una afectación", señaló.
Escobar enfatizó que la reforma constitucional se enmarca en la lógica "para consolidar un sistema de partido hegemónico".
Toma en cuanta las reformas electorales de reducción de la cantidad de diputaciones en la Asamblea Legislativa y cambiando la fórmula de asignación de escaños y al reducción de municipios, que estaban encaminadas a la concentración del poder.
“Darle al partido oficial más posibilidades para mantener la cuota de poder que ya tiene, pese a que pueda perder apoyo popular”, expresó Escobar.
Descarta que el verdadero objetivo de esas reformas tenga que ver con ahorro de fondos, sino a mantenerse en el poder. “El gobierno está inutilizando la vía electoral para la alternancia en el poder, es decir, ya las elecciones no van a poder generar un cambio de gobernantes”, advirtió Escobar.
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