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Abogados: Confiscación de bienes al expresidente Cristiani es arbitraria y va contra la Constitución

La Fiscalía inició una serie de allanamientos y confiscaciones de bienes incluyendo fincas cafetaleras en San Vicente y Usulután. “Si verdaderamente se quiere limpiar al país de ese mal, el presidente debe comenzar por su propia casa, sus funcionarios señalados de corrupción”, opinó un abogado y juez.

Por Jorge Beltrán Luna | Jun 02, 2023- 19:36

U numeroso grupo de fiscales y policías llegaron a la Droguería Santa Lucía, el jueves en la noche, para confiscarla. Foto de Marvin Recinos / AFP

La Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB) continuaron este viernes con la confiscación de bienes del expresidente de la República, Alfredo Cristiani (1989-1994).

Entre los bienes confiscados ayer están una finca en Usulután y otra en San Cayetano Istepeque, departamento de San Vicente, según informó la Fiscalía. La víspera confiscaron varios inmuebles y la Droguería Santa Lucía, en la colonia Roma, de San Salvador.

El fiscal Rodolfo Delgado se presentó a los allanamientos, pero no mostró ninguna orden judicial ni expediente sobre el caso cuando fue entrevistado por la televisión del gobierno.

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Uno de los fiscales que participó en la confiscación afirmó que estaban ejecutando “medidas cautelares autorizadas por un juez especializado de extinción y dominio” en tres empresas relacionadas al expresidente Cristiani, a quien señaló de haberse apropiado de fondos públicos que generaron un crecimiento en su patrimonio.

Desde la noche del jueves anterior, agentes de la policía están apostados frente a las oficinas de Droguería Santa Lucía, propiedad del exgobernante Cristiani, en la colonia Roma de San Salvador. Foto EDH / AFP

Sin embargo, abogados consultados coinciden en que la confiscación de los bienes del exmandatario está siendo ejecutada de manera arbitraria, sin respetar el debido proceso; más por venganza que por ánimos de combatir la corrupción.

Para el abogado y juez de instrucción de San Francisco Gotera (sustituido ilegalmente, según él), Jorge Guzmán, es de conocimiento público la corrupción que existió en los cuatro gobiernos de ARENA y los dos del FMLN, pero parece ser que lo que mueve a este gobierno a investigar esos casos no es tanto la intención de recuperar lo robado, sino venganzas políticas.

“Esa Ley de Extinción de Dominio por el que se rige ese procedimiento muchas veces ha sido calificada de inconstitucional por varios motivos, uno de ellos es que permite que la Fiscalía, en la fase de investigación, incaute bienes del investigado a través de medidas cautelares, sin que se haya determinado si esos bienes son de origen o de actividades ilícitas; además que esos bienes los ponga a disposición del CONAB, quien los puede entregar para su uso a instituciones públicas como la Fiscalía y la Policía. Por otro lado, dispone que la Ley se aplicará aunque los presupuestos para la incautación de bienes se hayan dado antes de la vigencia de la Ley (aprobada en 2013), lo que viene a ser una aplicación retroactiva de la misma!”, detalló Guzmán.

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Mientras que el abogado y comunicador Mauricio Maravilla considera que “la mejor muestra que el presidente puede dar de que ha iniciado una verdadera guerra contra la corrupción sería dejar de brindarle protección política e institucional a sus funcionarios que han sido señalados de actos de corrupción durante la pandemia y en su administración en general”.

Maravilla considera “positivo que se persiga la presunta corrupción del pasado, pero esto no es un verdadero gesto de honestidad si se oculta y protege la presunta corrupción del presente”. “No habrá un verdadero combate a la corrupción sin una institucionalidad independiente y en El Salvador, hoy por hoy, no tenemos tal cosa. La FGR y demás instituciones de control, está sometidas a la voluntad del presidente y esto ha quedado demostrado una vez más” explicó el abogado.

Fiscales y policías durante el allanamiento y confiscación de la finca La Esperanza en Usulután, propiedad del expresidente Cristiani. Foto EDH / FGR

“En realidad no veo un interés en combatir la corrupción; se evidencia un interés político; el fin es amedrentar a algunos empresarios y opositores; el problema es que a cualquier persona le pueden violar sus derechos con total impunidad, a ese nivel hemos llegado. Si esto le sucede a una persona que tiene poder económico, le puede pasar a cualquier persona que no tiene poder económico con mayor facilidad”, opinó el abogado constitucionalista y miembro de Cristosal, Jonathan Sisco.

“Como abogado constitucionalista opino que estamos ante una Confiscación indirecta o Confiscación de hecho, prohibida por Constitución. Si el expresidente Cristiani cometió alguna acción ilegal, entonces debe ser enjuiciado, pero esto no sucedió; el Gobierno de Bukele esperó a que saliera del país para acusarlo”, añadió Sisco.

Mientras que para un abogado que prefirió el anonimato, las acciones de la Fiscalía con los bienes del expresidente Cristiani ha sido una confiscación arbitraria, sin seguir el debido proceso, por lo cual está lejos de ser un trámite que revista legalidad en todo sentido. “¿Dónde está el delito o la comprobación de origen ilícito de esos bienes del ex presidente?, no hay respuesta a tal interrogante”, dijo el letrado.

“No conozco las motivaciones técnicas que han provocado la ejecución de esas acciones, pero parece que son más políticas, con intereses políticos”, acotó.

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