Abogados cuestionaron este lunes la prórroga del régimen de excepción por 30 días más y el decreto transitorio que autoriza al gobierno a realizar compras directas de bienes y servicios sin apegarse a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap) mientras esté vigente la medida.
Insisten en que el Ejecutivo cuenta con "las herramientas legales" para combatir la criminalidad sin necesidad de vulnerar los derechos fundamentales a la ciudadanía bajo la aprobación de tal medida.
Para Ruth Eleonora López, abogada y directora anticorrupción de Cristosal, aunque "según los parámetros constitucionales ni la declaratoria del régimen de excepción ni su prórroga estarían justificadas", consideró que el gobierno "sí necesita" la medida "para tratar de evadir la responsabilidad ante detenciones arbitrarias" en alusión a decenas de denuncias que han circulado en redes sociales y que, incluso, la asociación de la que ella forma parte ha recibido al respecto.
Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), calificó que la justificante bajo la cual se aprobó la ampliación del régimen de excepción es "absurda" al referirse que "la narrativa que pretenden capturar en 60 días a todos los pandilleros termina de confirmar lo que muchos ya sabemos: no existe un Plan Control Territorial".
Señaló que el plan de seguridad que ha promovido el gobierno "es un espejismo que ayuda a mover y mal utilizar millones de dólares del erario público sin ningún tipo de resultado" y lamentó que el oficialismo de la Asamblea Legislativa que concentra el poder "siga abusando de las dispensas de trámite" para avalar leyes y reformas enviadas "bajo las directrices desde Casa Presidencial".
"Los funcionarios actuales tanto del Órgano Ejecutivo, desde el presidente, funcionarios de Casa Presidencial, ministro de Seguridad, Policía Nacional Civil, Fuerza Armada, hasta los diputados del oficialismo aprueban mecanismo que revistan de legalidad violación a derechos humanos, despojar a cualquier persona en este país de garantías constitucionales y procesales", añadió.
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La abogada López, por su parte, reiteró que "el gobierno tiene todas las herramientas y ha tenido todas las herramientas para perseguir el delito y para perseguir a aquellas personas que lo han cometido".
"Evaden rendición de cuentas"
Los expertos coinciden, además, que el Ejecutivo estaría intentando evadir la rendición de cuentas del uso de fondos públicos a través de iniciativas exprés aprobadas en la Asamblea, es decir avaladas de forma directa durante las plenarias sin estudio previo en comisión.
En ese sentido, criticaron el decreto transitorio que permite al gobierno realizar compras directas omitiendo la Lacap, el cual se asimila a los procedimientos aprobados por la Asamblea para la construcción de centros penitenciarios y los que se plantean en los proyectos del tren y aeropuerto del Pacífico.
"Lo que se ha estado analizando es que la Lacap pasa a un tema de segundo plano en materia de cumplimiento mínimo de transparencia y rendición de cuentas y buena administración de los recursos públicos", indicó Wilson Sandoval, abogado y experto en temas de transparencia, quien señaló que evadir la normativa por parte del gobierno para hacerlas compras violenta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual "El Salvador es suscriptor".
Sandoval se refirió, además, al discurso del oficialismo que hace referencia de que con la Lacap también "había corrupción" y que eso se reflejó en administraciones anteriores; sin embargo, el experto aclaró que dichos casos fueron del conocimiento de la ciudadanía a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), datos que en la actual gestión de Nayib Bukele están en reserva.
"Lamentablemente, este gobierno se ha caracterizado por evadir los controles de las compras públicas. En lugar de dejar un legado de transparencia, probidad y rendición de cuentas, optó por la opacidad y eliminar a las instituciones que podían auditar y verificar el uso de fondos públicos y por limitar el derecho de la población a conocer la ejecución de los gastos. La ciudadanía debe saber que la falta de transparencia abre las puertas y ventanas de la corrupción", afirmó la directora anticorrupción de Cristosal.
Similar opinión vertió la representante de la Fundación DTJ, quien recordó "abolir los controles en las compras y contrataciones públicas ha sido y es una de las acciones constantes de este gobierno desde la pandemia, aprovechan cualquier problemática o situación de emergencia en este país para revestir de 'legalidad' haciendo creer a la población que esas medidas son necesarias para actuar de manera rápida en este caso frente a la problemática de la inseguridad".