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Abogados advierten sobre posible espionaje con fondos que el gobierno ha solicitado para intervenir las telecomunicaciones

El dinero forma parte del total de $14 millones que el Ejecutivo ha solicitado a la Asamblea Legislativa para reforzar el presupuesto de la Fiscalía en el marco del régimen de excepción, el cual podría ser ampliado durante la plenaria de este miércoles.

Por Liseth Alas/ Milton Rodríguez/ Ricardo Avelar | May 24, 2022- 19:24

Imagen de referencia. Foto/Archivo

Tres abogados y un experto en informática advirtieron este martes que la reorientación de fondos para la Fiscalía General de la República (FGR) que ha solicitado el gobierno de Nayib Bukele a la Asamblea Legislativa podrían ser utilizado para posible espionaje. Del total de $14 millones que el Ejecutivo ha pedido $10,934,995 estarían destinados para la adquisición de "una plataforma tecnológica de vanguardia" para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones en el marco del régimen de excepción.

Coincidieron en señalar que la nueva herramienta tecnológica podría ser una amenaza para los derechos humanos, al recordar antecedentes sobre el espionaje con el software Pegasus, un programa de la empresa israelí NSO Group que adquieren los gobiernos. En El Salvador a inicios de este 2022 una investigación de Citizen Lab, especializado en ciberseguridad de la Universidad de Toronto, de Canadá, determinó que más de 30 teléfonos celulares de periodistas y representantes de organizaciones civiles fueron infectados con el malware.

"Como ha sucedido en el espionaje mediante Pegasus a periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil -incluyendo a los teléfonos de la directora ejecutiva de DTJ y el mío- la intervención de las comunicaciones no solo se usa para combatir la delincuencia sino como un arma de espionaje político e intimidación. Así que esta nueva adquisición en manos de la Fiscalía del oficialismo -de cuya adquisición no tendrá que dar cuentas- podría suponer una nueva amenaza para los derechos de libre expresión, asociación y prensa", dijo José Marinero, abogado y presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ).

Jonatan Sisco, abogado de la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, señaló que la aplicación "de técnicas científicas en la investigación es una deuda del Estado", pero ve riesgos en la propuesta que el gobierno entregó al legislativo.

"Desde la perspectiva de los Derechos Humanos es muy peligroso que el Estado y la Fiscalía tengan todavía más poder para espiar a las personas, en lugar de investigar temas importantes para el país: como la corrupción gubernamental, el presunto diálogo con pandillas y el espionaje de ciudadanos con el software Pegasus, prácticamente se estaría fomentando y facilitando el espionaje desde entidades estatales, ya que en la actualidad no hay un Órgano Judicial que actúe como garante de los derechos de las personas", subrayó Sisco.

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Carlos Palomo, experto en informática y presidente de la organización Transparencia, Contraloría Ciudadana y Datos Abiertos (TRACODA), es de la opinión de que la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones debe ir acompañado "con algunos elementos de control para prevenir abusos".

"Si bien la tecnología puede facilitar la persecución y prevención del delito, así como ayudar a reducir la impunidad, lo cierto es que mal utilizada puede derivar en vulneraciones a derechos humanos y a la garantía al debido proceso", manifestó.

Indicios para mantener régimen de excepción

Para Marinero la solicitud de fondos en el contexto del régimen de excepción evidenciaría, además, que las autoridades pretenden continuar prolongándolo, pues a su criterio la petición está relacionada con la ley temporal para evadir la Lacap durante la vigencia de la medida.

"Llama la atención que la justificación es el régimen de excepción que, en principio, debiera tener una duración limitada. El que se pretenda adquirir tecnología tan costosa con el dinero de todos los salvadoreños, sugiere fuertemente que el oficialismo tiene intención de prolongar indefinidamente el régimen de excepción ¿Para qué más harían una adquisición así si solo la utilizarán 30 días más?", apuntó Marinero.

A criterio de Eduardo Escobar, abogado y director ejecutivo de Acción Ciudadana, hay otras prioridades a las que las autoridades deberían hacer énfasis para mejorar el desempeño del Ministerio Público, entre estas la contratación de más fiscales para disminuir la carga laboral, la cual cree que con el régimen de excepción se habría complicado.

Recordó un informe que la organización civil que dirige presentó en abril pasado sobre las instituciones de control en la que advertía sobre la necesidad presupuestaria que enfrenta la Fiscalía, la cual ronda los $50 millones.

"A nuestro juicio tendría que ser cómo disminuyen esa carga laboral y con esto no estamos desmeritando de que se pueda reforzar el tema de la intervención de escuchas telefónicas, pero en el actual contexto del régimen de excepción y dado lo que ha hecho el Ejecutivo, según medios de comunicación nacionales, con el tema de las intervenciones por medio de este software Pegasus, despierta muchas dudas la utilización real que se le va a dar a estos recursos para el tema de intervenciones telefónicas", afirmó.

El refuerzo presupuestario de $14 millones ingresará este miércoles durante la sesión plenaria, día en que la Asamblea podría ampliar el régimen de excepción si así lo solicita el Ejecutivo, según han dicho diputados del oficialismo y sus aliados.

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