Nueve miembros de una estructura de maras que delinquía en Sonsonate fueron declarados culpables de haber asesinado a William Geovanni Malia Rojas, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y recibieron condenas entre 40 y 44 años de prisión.
Durante la vista pública desarrollada en el Tribunal Especializado de Sentencia de Santa Ana, el fiscal asignado al proceso expuso abundante prueba con la cual estableció que los delincuentes perpetraron el crimen con armas de fuego y arma blanca, el 27 de diciembre del año 2016. Al policía Malia Rojas lo atacaron los delincuentes en las riberas del Río Ceniza en Nahuizalco, en Sonsonate.
La Unidad Fiscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidios, detalló que esta estructura de pandillas estaba integrada por Orlando Martínez Sánchez, alias “Pecho”; Ever Exequiel Gutiérrez García, alias “Bomba”; Jaime Sánchez, alias “Siete jetas”; Pedro Francisco Jovel Aguilar, “Mama huevo”; José Luis Arias Martínez, alias “Cuchillo”; Marvin Enrique Pérez Isidro, alias “Sorbetero”; Kevin Misael Suárez Paiz, alias “Kevin”; Kevin Alexander Hernández Martínez, alias “Kevin” y Alexander Tadeo Valencia, alias “Tanque”. A todos se les comprobó ser parte de la pandilla 18, que amedrenta a los pobladores de Casamaluco, en Sonsonate.
Policía estaba vínculado a pandilleros
De acuerdo con informes de sus mismos compañeros policías, Malia Rojas, pertenecía a la Policía Rural de Chalatenango, pero se encontraba de licencia en su lugar de residencia, en el cantón Tajcuilujla, de Nahuizalco, donde fue atacado por el grupo de criminales, que ya habían amenazado a Malia.
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Un policía que participó del reconocimiento del cadáver, expresó a medios locales -en esa oportunidad- que la víctima estaba vinculada con pandilleros y que por esa razón había sido asesinado.
Tras ese asesinato, en redes sociales circuló un fotografía en la que el agente Malia Rojas vestía ropa asociada a pandilleros.
El viernes, al concluir la vista pública, el referido Tribunal resolvió declarar culpables por la muerte del agente a los nueve implicados y finalmente les impuso 40 años de cárcel; pero, en el caso de Gutiérrez García, alias “Bomba”, le sumaron 4 años, debido a que también el fiscal estableció responsabilidad en el delito de tenencia y portación ilegal de arma de fuego.
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A este caso suma la medida de internamiento de 15 años, que con anterioridad fue aplicada por el Juzgado de Menores de Izalco, para un adolescente que también participó en el mismo caso.
Estos terroristas fueron capturados a mediados del mes de noviembre del 2017, en el marco del desarrollo de la denominada “Operación Azul”, con la cual se resolvieron 5 casos de homicidios, en diferentes departamentos.