El exmagistrado Eduardo Benjamín Colindres asegura haber recurrido a la justicia internacional en el año 2000 después de ser destituido del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ante la falta de independencia del sistema de justicia salvadoreño y por la sumisión de ésta a los poderes políticos y fácticos, aunque aclara que no todos los magistrados de ese momento entran en esta afirmación.
Interpreta la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como “una vergüenza para el país”, pese a la lucha de la anterior Sala de lo Constitucional (2009-2018) de dar el paso por cambiar hacia un tribunal independiente.
Y es que en 1996 cuando fue destituido del TSE por votación mayoritaria de la Asamblea Legislativa, la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la decisión parlamentaria y ordenó su restitución así como los sueldos dejados de pagar.
Los diputados no se dieron por vencidos y en el 1998 se organizaron y volvieron a votar en su contra y lo destituyeron. Esta vez, la Sala de lo Constitucional le dio la espalda al rechazarle dos recursos de amparo que presentó, con lo que agotó el sistema de justicia nacional y tuvo que acudir ante un tribunal internacional, la CIDH, una instancia que por la acumulación de procesos no resuelve pronto.
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Se dice que la justicia tarda, es ciega, pero que no olvida, aún con todo y sus defectos, Colindres manifiesta que nunca perdió su fe tras haber pasado más de 15 años sin tener respuesta de la CIDH en cuanto a su caso.
La Frase
Veinte años después la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño había vulnerado los derechos humanos del exmagistrado Colindres; había violado el derecho a tener un proceso de destitución en una institución competente y no en la Asamblea Legislativa, el ser sometido a un proceso legalmente establecido y que se resolvieran sus peticiones a tiempo.
“Nunca perdí la fe, porque sabía que tenía la razón y tenía la obligación de seguir hasta el final por mi honor, por mis hijos y porque impere la democracia y la justicia en mi país”, subraya Colindres.
Mientras no había resolución, Colindres afirma que trabajó en una maestría de Ciencias Políticas en la Universidad Tecnológica, fue consultor externo de la UNICEF y del PARLACEN.
La cifra
Es el tiempo que esperó Colindres para que se hiciera justicia. Ahora el Estado debe indemnizarlo con $42,000, porque los diputados los destituyeron de manera ilegal.
Su destitución relata que lo afectó mucho no solo a él, sino a su familia y al ser señalado “de inmoral y de carecer de instrucción notoria”, todo eso sin tener pruebas, ni darle una oportunidad real de defensa, pero que al final todo eso le dio fuerza, asegura, “para luchar por mi honor, el de mi familia, para que hubiese justicia, respeto a la institucionalidad e independencia de poderes y por cambiar la manera de hacer política en el país”.
Dice estar seguro que su destitución tuvo trasfondo político, “pues habían comprado” a la entonces dirigencia del PDC y que como prueba de su nivel de control de ese partido, tenían que quitarlo a él del TSE.
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Colindres sabía que los Tribunales Internacionales actuaban conforme a derecho, sus procesos tardan pero resuelven. En ese sentido recomienda a los salvadoreños que han agotado la justicia local y no han resuelto sus necesidades, “que sigan mi ejemplo y luchen por sus derechos ante la CIDH.