La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al estado salvadoreño a pagar $42 mil dólares al exmagistrado Eduardo Benjamín Colindres del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en dos ocasiones en 1996 y 1998; sin seguir el debido proceso, además ordenó a publicar la sentencia condenatoria en el Diario Oficial, un periódico de circulación nacional, así como en los sitios web de la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y el TSE.
Un conflicto interno en el ex Partido Demócrata Cristiano (PDC) encabezado por el diputado Ronald Umaña y en el que se vio involucrado Colindres en 1994, hizo que la Asamblea Legislativa de El Salvador, votaran a favor de su destitución.
La Comisión y sus representantes sostuvieron que “las destituciones del señor Colindres se realizaron sin base legal y violando su derecho a las garantías judiciales, derechos políticos, protección judicial y el principio de legalidad” reza un trozo de la resolución de la CIDH.
El exmagistrado Colindres fue nombrado en el TSE en 1994, dos años después el 22 noviembre 1996 fue destituido de su cargo por acuerdo de la Asamblea Legislativa. Colindres se amparó en la Sala de lo Constitucional quien rechazó la medida y la declaró ilegal y ordenó su restitución en su cargo el 4 de noviembre de 1997.
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El PDC fue el partido que llevó a Colindres al TSE y fue el mismo que el 2 de julio de 1998, promovió para que la Asamblea Legislativa lo destituyera por segunda vez, durante el Gobierno de Armando Calderón Sol.
El exdiputado y ex jefe de la bancada pedecista acusó a Colindres de “haber causado malestar general y haber obstaculizado la buena marcha del TSE”.
Colindres presentó dos recursos de amparo ante la Sala de lo Constitucional en esta segunda destitución, pero los magistrados de la Sala los declararon improcedentes.
El exmagistrado Colindres acudió al Idhuca y el 2002 presentó una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Veinte años después, la CIDH resolvió, el miércoles anterior, que el Estado salvadoreño había vulnerado los derechos humanos del exmagistrado Colindres, entre ellos el derecho a tener un proceso de destitución en una institución competente, la existencia de un proceso legalmente establecido y que se resolvieran sus peticiones a tiempo.