Las autoridades de Centros Penales aseguraron esta mañana, a través de un comunicado, que esa institución no ha contemplado incremento alguno en el valor de la alimentación para los más de 31 mil internos del sistema penitenciario tal como lo denunciaron cuatro diputados de la Asamblea Legislativa.
El incremento de 22 millones de dólares para costear la alimentación de la población reclusa, a partir de enero del 2019, fue denunciado por los diputados Raúl Beltrán Bonilla, del PCN; Mauricio Vargas y Emilio Corea, de ARENA, y Jorge Mazariego, del PDC.
La denuncia está contemplada en la solicitud que presentaron los referidos diputados para que el ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde y el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima lleguen a la Asamblea a explicar esa situación.
Los legisladores calculan que la nueva contratación significaría para el Estado erogar 22 millones 50 mil dólares en cinco años de contrato, a razón de 35 centavos más por cada ración. “Eso significa un gasto significativo para el pueblo salvadoreño en la manutención de los reos”, dijo el diputado Mazariego.
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Analiza contratar a la empresa Ibeaser S.A., llamada en Colombia como la saqueadora de alimentos escolares, aseguran diputados.
Actualmente, el sistema penitenciario consume 120 mil raciones diarias, las que al año cuestan unos $40 millones.
El legislador afirmó que la preocupación que ha despertado este tema es el alza en los costos de alimentación para reos, con la que se vulneraría el debido proceso y sobrepasado la contratación de los mismos, “pero lo más grave es el cobro desmedido que se le está haciendo al gobierno”.
También denunciaron que la empresa de origen colombiano que pretenden contratar para que les suministre de los alimentos a partir de enero de 2019, ha sido cuestionada por irregularidades en contratos en su país (Colombia) y en Panamá.
Centros Penales asegura que actualmente existe un contrato vigente con la empresa que proporciona la alimentación a la población reclusa, por lo que no hay un proceso de licitación ni contratación de otra empresa.
“No existe un nuevo contrato con otra empresa para que suministre la alimentación a los privados de libertad”, señala el comunicado.
Sin embargo, el diputado Beltrán Bonilla aseguró que “con la documentación obtenida se llega a la conclusión de que los funcionarios salieron del país rumbo a Bogotá con todos los gastos pagados por parte de la empresa colombiana, allá ellos que respondan ante la Comisión de Ética o del portal de Transparencia que dirige Marcos Rodríguez”. El legislador no identifica a los funcionarios que viajaron a Colombia.
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Centros Penales señala que “los contratos de suministros se suscriben para cada ejercicio financiero fiscal, sin superar un período de 12 meses”.
Aseguran las autoridades penales que cada año se realiza la contratación bajo la modalidad de licitación abierta DR-CAFTA, según la normativa de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
Beltrán Bonilla asegura que lo grave del asunto es que cuando el grupo de diputados indaga sobre esta empresa colombiana, se encuentran “con una menuda sorpresa: y es que a los dueños de Ibeaser S.A.S, en su país, les llaman los saqueadores de raciones escolares en Bogotá, y son los mismos que contrató el gobierno de Ricardo Martinelli de Panamá, procesado por graves hechos de corrupción”.
También aparece involucrada en irregularidades en la provisión de alimentos a la Fuerza Armada de Colombia, según el diputado.