El Gobierno salvadoreño está en proceso de contratar a una empresa colombiana, que ha sido cuestionada por irregularidades en contratos en su país y Panamá, para la preparación de alimentos de los reos a partir de enero de 2019 por un plazo de cinco años y que incrementaría el costo en más de 22 millones de dólares, denunció ayer un grupo de diputados.
Ellos calculan que la nueva contratación significaría para el Estado erogar 22 millones 50 mil dólares en cinco años de contrato, a razón de 35 centavos más por cada ración. “Eso significa un gasto significativo para el pueblo salvadoreño en la manutención de los reos”, afirma el diputado Jorge Mazariego, del PDC.
El sistema penitenciario consume 120 mil raciones diarias, las que al año cuestan unos $40 millones.
Tras las posibles repercusiones económicas y otras anomalías si se le contrata a la firma, los legisladores Raúl Belthrán Bonilla, de PCN; Mauricio Vargas y Emilio Corea, de ARENA, y Jorge Mazariego, del PDC, presentaron una solicitud (pieza de correspondencia) para que el gobierno, a través del ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y el director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, acudan a la Asamblea a rendir un informe sobre esa gestión.
Los diputados han denunciado que cuatro funcionarios del Gobierno viajaron a Colombia con gastos pagados por la compañía a punto de ser contratada, para conocer pormenores del servicio que ofrecería al sistema penitenciario salvadoreño en los próximos cinco años.
Bartolinas policiales tienen sobrepoblación de 3,543 reos
Las instalaciones tienen capacidad para 1,500 privados de libertad, pero actualmente hay 5,043, según la Policía.
Investigaciones de los diputados revelan que los cuatro funcionarios viajaron a Colombia los días 6, 7 y 8 de septiembre anterior.
“Por esa razón hemos presentado una pieza de correspondencia para ser vista en la plenaria de este jueves, que hace referencia a la alimentación de los prisioneros”, afirmó el diputado Mazariego.
El legislador afirmó que la preocupación que ha despertado este tema es el alza en los costos de alimentación para reos, con la que se vulneraría el debido proceso y sobrepasado la contratación de los mismos, “pero lo más grave es el cobro desmedido que se le está haciendo al gobierno”.
“Como diputados comprometidos con el pueblo, nos hemos dado a la tarea de investigar, no tanto a los funcionarios, sino al gasto desmedido que se le está haciendo al país”, agregó Mazariego.
En ese sentido, solicitan al presidente Salvador Sánchez Cerén a que esté más alerta de la actuación de sus funcionarios para que estas irregularidades no sigan.
Como diputados, Mazariego afirmó que les compete llamar a estos funcionarios a la comisión para que rindan cuentas sobre el proceso que se ha seguido en este caso. “Los movimientos que se han hecho. Se sabe que esta fue la segunda convocatoria abierta que se hizo, pero no se vio ni la primera ni las bases de competencia”, asegura.
“Para nosotros es totalmente malicioso y fuera de lugar esta contratación, porque para eso existen bases de competencia en la Ley secundaria del país”, dijo Mazariego.
80 casos de desnutrición en la bartolina policial “El Penalito”
Según la PDDH, las bartolinas policiales cerca del mercado La Tiendona, tienen capacidad para 125, pero albergan a 330. De estos, 80 tienen algún grado de desnutrición.
Diputados: empresa pagó el viaje de funcionarios a Colombia
El diputado Belthrán Bonilla afirmó, por su parte, que “con la documentación obtenida se llega a la conclusión de que los funcionarios salieron del país rumbo a Bogotá con todos los gastos pagados por parte de la empresa colombiana, allá ellos que respondan ante la Comisión de Ética o del portal de Transparencia que dirige Marcos Rodríguez”.
El legislador no identificó los funcionarios que viajaron.
Lo grave del asunto, dice el diputado, es que cuando el grupo de diputados indaga sobre esta empresa colombiana, se encuentran “con una menuda sorpresa: y es que a los dueños de Ibeaser S.A.S, en su país, les llaman los saqueadores de raciones escolares en Bogotá, y son los mismos que contrató el gobierno de Ricardo Martinelli de Panamá, procesado por graves hechos de corrupción”, asegura Belthrán.
La página web de Ibeaser está suspendida y entre las posibles causas que dan están la falta de pago, envío de spam o correos maliciosos.
Medios de prensa colombianos, como Radio Caracol, destacan que la firma, cuyo nombre coincide con la que mencionan los diputados salvadoreños, está involucrada en irregularidades en la provisión de alimentos a las Fuerzas Armadas de ese país. “El llamado es al señor presidente de la República, a lo mejor, él no está enterado de lo que está pasando”, detalló Belthrán Bonilla.
En el caso salvadoreño, la ley establece que los oferentes deben documentar la experiencia comprobable y en marcha de sus operaciones con la logística de operaciones dentro de los penales.
La empresa colombiana ha ofrecido preparar los alimentos dentro de los penales, pero Belthrán alega que “ninguna empresa tiene esa capacidad , son 120 mil raciones diarias que llegan técnicamente preparadas y con la dosis de calorías que la misma Ley de Centros Penales demanda, habrá que ver qué reacción hay en el gobierno, porque alguien tendrá que responder por esto”.