Casi de la noche a la mañana, unos 500 policías, entre oficiales y del nivel básico, dejaron de ser “héroes”, como los suelen llamar algunos funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele, y se convirtieron en “jubilados”.
El 30 de marzo, a primeras horas de la noche, 47 oficiales del nivel superior fueron convocados de urgencia al Castillo, como se le llama al Cuartel Central de la Policía Nacional Civil (PNC). Previo a esa convocatoria, ese mismo día en la mañana había circulado un documento oficial y un listado de los nombres de comisionados y subcomisionados que pasaban de los 60 años de edad.
Los 47 convocados ya sabían para qué los habían llamado. “Íbamos conscientes de que nos estaban convocando de urgencia para pegarnos una patada en el trasero, porque eso es lo que hicieron con nosotros”, opina uno de los más de 500 policías que fueron obligados a jubilarse.
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La cúpula policial fue al grano. Sin contemplaciones, expusieron: a partir de las 24 horas del 31 de marzo, solo uno de los 47 continuaría siendo policía, el resto debería entregar todo cuanto fuera de la institución policial, de acuerdo con lo narrado por uno de los convocados.
Era una decisión sin reversa
“Prácticamente nos estaban sacando por la puerta de atrás, como si hubiéramos cometido una falta gravísima y nos estuvieran dando la oportunidad de irnos en silencio a cambio de no recibir alguna sanción”, expone a manera de ejemplo un oficial que, como todos, prefiere que no se le identifique, por temor a represalias por parte de autoridades policiales o del gobierno.
Las peticiones de los expolicías:
1) Que se anule los efectos del acuerdo ministerial con el que fueron retirados y que la Asamblea Legislativa decrete que a los policías que cumplen 60 años y que no están jubilados, las AFP les permita cancelar las cuotas que les hacen falta para tener derecho a pensión, o que les permitan seguir trabajando hasta completar las cotizaciones.2) Que se les dé la misma bonificación económica que les dieron a jueces y fiscales que fueron retirados forzosamente.
“Ya no se diga con nosotros que ya no somos comisionados y subcomisionados… todos somos expolicías”, afirma uno de los afectados.
La única promesa de la cúpula policial fue que les entregarían una compensación económica equivalente a 12 salarios, para quienes a partir del pasado 1 de abril fueron retirados forzosamente de esa institución.
Eso también quedaría plasmado en el acuerdo ministerial, firmado por Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.
Pero esa promesa no ha sido cumplida a más de un mes de que fueron cesados de sus funciones, y la excusa que les dan siempre que preguntan es que no hay dinero, denunciaron los afectados.
Aún no hay nada en concreto. A algunos les dicen que les entregarán la compensación de retiro a finales de este mes y a otros, que hasta junio próximo, según afirman varios expolicías; quienes añaden que entre un 60% y 70% de los aproximadamente 500 despedidos de la PNC están enfrentando problemas económicos.
Sin salario y sin pensión
“Nos despidieron a finales de marzo y no hemos visto nada. Eso de los 12 meses de salario es una cuestión ilegal. No sé de dónde sacaron eso de los 12 meses, cuando antes se manejaba que (la PNC) daría un sueldo por año de servicio.
Muchos hemos sido afectados económicamente”, afirma un exsubcomisionado, que trabajó poco más de 28 años en la policía.
De acuerdo con estimaciones de las fuentes, del nivel superior (comisionados y subcomisionados) fueron retirados 46, aunque en la lista había 47 nombres. También aproximadamente 80 del nivel ejecutivo (subinspectores, inspectores e inspectores jefes); el resto fue de la escala básica (de agente a sargentos).
Del listado de 47 del nivel superior, solo una persona continúa trabajando, a pesar de que tiene 70 años. Sus compañeros suponen que es debido a que padece una enfermedad incurable.
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Las mismas fuentes aseguran que sólo un 30% o 40% de los elementos retirados forzosamente ya estaban pensionados o tenían hechos los trámites para pensionarse.
El resto -la mayoría- atraviesa una situación económica difícil, porque no pueden optar a la pensión debido a que no tienen la cantidad de cotizaciones que exigen las administradoras de fondos de pensiones, equivalente a 30 años de trabajo.
En el caso de los oficiales, a la mayoría le faltan 30 o 51 cotizaciones, pues comenzaron a cotizar a partir de octubre de 1994 o junio de 1996.
De momento, ese segmento no cuenta con una pensión, se quedaron sin salario a partir del 1 de abril y les preocupa no poder acceder a los servicios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
“Estamos en serios problemas. En menos de 24 horas nos quedamos sin trabajo, sin esperanzas de una pensión. A mí quien me está ayudando de momento es uno de mis hijos”, señala un exjefe policial.
Para otros el problema es más grave, porque decidieron retirar el 25% de su fondo de pensión, pues jamás pensaron que de la noche a la mañana quedarían sin trabajo.
En esos casos, las administradoras de pensiones les han dicho que además de las cuotas que les faltan para alcanzar el derecho a pensionarse, deben cotizar otro tiempo más o reintegrar el dinero que les entregaron.
Los afectados no ven una posibilidad de que les ayuden en su actual situación ni en el Ministerio de Trabajo , ni en la Sala de lo Constitucional a través de un amparo. “Ya sabemos la respuesta que nos darían”, afirman los afectados.
Los expolicías entrevistados coinciden en que el Gobierno les debería dar el mismo trato que les dieron a los jueces cuyo retiro forzoso fue a través de un decreto legislativo y la compensación económica fue mucho más que lo equivalente a 12 salarios devengados.
Los afectados reiteran que fue bochornosa la forma en que la institución los obligó a retirarse, que en vez de un gesto de agradecimiento por los veintitantos años de servicio, lo que obtuvieron fue una advertencia de que debían entregar completo y en buen estado todo cuanto bien institucional estuviere a su cargo o le hubiesen asignado.
Algunos recuerdan que los primeros cinco días del régimen de excepción anduvieron en el desarrollo de los operativos de capturas masivas, obedeciendo las órdenes gubernamentales, sin pensar que estaban a pocas horas de ser desechados.
El lunes anterior, se solicitó postura vía Twitter al director de la PNC y al ministro de Seguridad sobre este punto, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.