Tras 18 horas de audiencia, el juez Quinto de Paz de San Salvador, Salomón Landaverde, ordenó la tarde de este lunes la detención de la exprimera dama Vanda Pignato, Miguel Menéndez (Mecafé) y otros cinco acusados de desviar $351 millones del Estado durante el primer Gobierno del FMLN, con Mauricio Funes a la cabeza.
En un inicio, la Fiscalía había solicitado libertad condicional bajo fianza para Pignato, actual secretaria de Inclusión Social, pero el juez decidió que debía estar detenida porque presenta “peligro de fuga”.
La decisión, para su abogada, Francis Vaquero, no fue solicitada por el Ministerio Público.
Según la defensora, Pignato está ingresada en el Hospital de la Mujer, de San Salvador, lo cual había sido probado ante el juez y, por ello, no se presentó a la audiencia.
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El expresidente puede ser traído al país por dos vías: por extradición vía Corte Suprema o por difusión roja a través de la Interpol.
Las evidencias que respaldan la operación en las que fueron detenidas estas personas están contenidas en siete cajas y en más de 560 piezas, equivalentes a 112 mil páginas.
Los demás imputados
En la diligencia que se desarrolló a puerta cerrada el domingo anterior y que concluyó en la madrugada del lunes, el juez Landaverde acordó separar a seis de los 32 acusados por no estar presentes ni tener abogado que los represente.
Los separados del proceso fueron el expresidente Mauricio Funes, sus hijos Diego Funes Cañas y Carlos Mauricio Funes Velasco, así como su actual compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza; y los padres de ésta: Ada Luz Sigüenza de Guzmán y Juan Carlos Guzmán Berdugo.
Para ellos y otros nueve imputados con calidad de reos ausentes, el juzgador tendrá cinco días hábiles para programar una audiencia en su ausencia con “vista en el requerimiento” o con base en la acusación que pesa sobre ellos.
El jefe fiscal de la Unidad Financiera, Jorge Cortez, señaló ayer que aunque ya solicitaron la extradición de Funes, en la etapa de instrucción harán trámites para que se ejecute.
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Funes también logró que Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza, relacionado a la sociedad Agrosuministros, le ayudara a simular un préstamo por $250 mil para justificar el incremento patrimonial
Asimismo, dijo que espera que se emita difusión roja para los imputados que tuvieron representación de defensores en la audiencia.
Cortez también apuntó que no solo abrirán proceso para extinguir 14 bienes vinculados a Funes, sino que investigarán bienes de los demás 31 imputados.
Este lunes, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo que los imputados ausentes en el caso “Saqueo Público” están en diferentes países y que algunos de ellos, antes de que les giraran las órdenes de captura, ya no estaban en El Salvador.
“Con la orden judicial lo que nos corresponde como PNC, como parte representante del país ante la organización en Interpol, es hacer gestiones para la colaboración de hacer efectiva dicha orden, pero será la orden judicial la que activa ese mecanismo; dependerá de lo que resuelva el juez respecto de esa petición”, explicó Ramírez.
Los reos presentes.
De todos los acusados en el caso, solo seis estuvieron presentes. Ellos fueron capturados entre el miércoles y jueves anterior: Miguel Menéndez “Mecafé”, Jorge Alfredo Rodríguez, jefe legal de la empresa Agrosuministros; Luis Miguel Ángel García, padre de exmiembro del Batallón Presidencial; Ana Elizabeth Coto, exsecretaria de Francisco Cáceres, exsecretario privado de Funes; Manuel Rivera Castro, expresidente del Banco Hipotecario; y Rigoberto Palacios, jefe contador de la Presidencia.
Ellos son procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y de encubrimiento.
Reserva parcial
El juez Landaverde impuso “reserva parcial” al proceso a petición de la Fiscalía para proteger la identidad de los testigos con “criterio de oportunidad” (imputados con beneficio penal), la identidad de menores de edad y para resguardar el documento que concedió el asilo político al expresidente Funes.
A raíz de esta medida, los periodistas no están en la audiencia.
Los defensores pidieron que los imputados fueran procesados en libertad, para lo cual ofrecieron arraigos de domicilio, laboral, familiar y social (condiciones) que, según los representantes, garantizarían su presencia en el transcurso del proceso y no lo frustrarían.
Manuel Chacón, uno de los defensores, demandó que el juez Quinto de Paz diera el mismo trato que se le ha dado a la exprimera dama Vanda Pignato a todos los imputados.
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Mientras tanto, los defensores de Francisco Rodríguez Arteaga, jefe de la Unidad Financiera de la Presidencia, pidieron separar del caso a los fiscales Jorge Cortez, a Mario Huezo y a otros.
La abogada Cindy Rivera indicó que tal solicitud fue presentada porque consideran que hubo “violación de los derechos humanos” de su cliente, ya que previo a su captura lo citaron para entrevistarlo y no le advirtieron que tendrían la calidad de imputado y, por ello, ya existía una denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos contra los fiscales.