Desde 2007 a enero de 2024 el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) emitió un acumulado de 464 sanciones a servidores públicos; de esa cantidad, 134 corresponden a personal de alcaldías, 95 a ministerios, 30 al Órgano Judicial, 19 a la Asamblea Legislativa y 15 a la Universidad de El Salvador (UES).
Hay también servidores de organismos como hospitales de la red pública, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la Escuela Nacional de Agricultura, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Procuraduría General de la República (PGR), Juntas de Vigilancia Electoral, el Fondo Solidario para la Familia Microempresaria (Fosofamilia), la Fiscalía General de la República (FGR), el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), superintendencias, Corte de Cuentas; que también suman casos de prácticas antiéticas.
Por incumplimiento a la Ley de Ética Gubernamental los servidores públicos que fueron sancionados en dicho periodo de tiempo son 332, lo que representa el 73.10% de los casos; mientras que 132 fueron mujeres que al servicio público cometieron faltas, lo que equivale al 26.90%.
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Las sanciones fueron multas que van desde los $300 hasta los $2,920, según cada caso.
Alcaldías
El pasado 19 de junio, el TEG informó la resolución definitiva de sanción para Nercy Patricia Montano de Martínez, exalcaldesa de Soyapango, por conflictos de interés al no haberse excusado en los nombramientos de su primo y su cuñado en cargo en la comuna.
Otros casos de faltas éticas se reportaron en Conchagua, Santa Cruz Michapa, Soyapango, Cuscatancingo, Salcoatitán, Tamanique, San Salvador, Chinameca, y San Vicente, de las cuales todas datan de 2023. Ocho de estos casos fueron cometidos por regidores, síndicos, alcaldes o alcaldesas; y por administrativos u operativos.
En 2022 figuraron las alcaldías de Soyapango, San Salvador, Cojutepeque, Apopa, El Refugio, San Lorenzo, San Buenaventura, San Lorenzo, Sensuntepeque, y Meanguera del Golfo. En 12 casos las faltas fueron por integrantes del concejo municipal, cinco de ellos por personal administrativo u operativo.
De las faltas más comunes por los ediles está no excusarse de participar en asuntos en los cuales ellos mismos, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés.
Ejemplo de ello son Montano de Martínez, y el exalcade de Conchagua, Jesús Abelino Medina Flores, conocido por Jesús Abelino Flores Medina.
Dado que las alcaldías son las que más casos acumulan, el TEG en su búsqueda de promoción del cumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental, publicó un comunicado el pasado 8 de mayo dedicado a los nuevos concejos municipales: “Todos deben regir sus principios conforme a los principios de la ética pública; especialmente, los de supremacía del interés público, probidad, legalidad, eficiencia y eficacia”.
Funcionaria presidencial
De la Presidencia de la República, los casos que el TEG registra son el de Martha Carolina Recinos de Bernal, la comisionada presidencial de Operaciones de Gabinete de Gobierno, quien fue sancionada en 2023 por no haberse excusado de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés.
En específico, se sancionó a Bernal por beneficiar a su nuera para que gozara de una maestría en Rusia, a través del Fondo Especial de los Recursos Provenientes de la Privatización de ANTEL (Becas FANTEL), caso que reveló una investigación periodística y por la que la funcionaria no apeló.
Bernal, comisionada del gabinete de Nayib Bukele, fue sancionada con una multa de $2,433.36.
En 2021, el exjefe del Estado Mayor Presidencial, Arturo Gilberto Alvarado, fue sancionado con $912.51 por “exigir o solicitar a los subordinados que empleen el tiempo ordinario de labores para que realicen actividades que no sean las que se les requiera para el cumplimiento de los fines institucionales”, según detalla el consolidado del TEG.
En el mismo año, un servidor público percibió más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado, cuando las labores debían ejercerse en el mismo horario, entre la Presidencia y la Procuraduría General.
En 2019, una servidora administrativa realizó actividades privadas injustificadas en su horario de trabajo, por lo que se le multó con $600.
Y en 2015 un servidor público fue multado con $448.20 porque solicitó o aceptó algún bien o servicio o beneficio adicional a los que percibe por el desempeño de sus labores, “por hacer, apresurar, retardar o dejar de hacer tareas o trámites relativos a sus funciones”.
De los ministerios, es decir dentro del Órgano Ejecutivo, figuran entre los sancionados el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, por “aceptar o mantener un empleo, relaciones contractuales o responsabilidades en el sector privado, que menoscaben la imparcialidad o provoquen un conflicto de interés en el desempeño de su función pública”, por lo que se le definió una multa por $2,433.36.
Asimismo, por la misma falta se le impuso la misma multa al exviceministro de Justicia, Raúl Antonio López. Ambas sanciones fueron de marzo de 2023.
De 2022 figura el caso de Maritza Haydée Calderón de Ríos, exviceministra de Trabajo y exdirectora ejecutiva interina ad-honorem del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, a quien se le impuso una multa de $1,520.85 por no “excusarse de intervenir o participar en asuntos” en los cuales tuviera algún conflicto de interés.
Entre ministerios figuran diversos casos en que servidores públicos cayeron en las faltas éticas por realizar actividades privadas durante la jornada ordinaria de trabajo (salvo las permitidas por la ley) o desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos en el sector público, que fueren incompatibles entre sí por prohibición en la ley; también por coincidir en las horas de trabajo o porque vaya en contra de los intereses institucionales.
Órgano Judicial
Las faltas antiéticas más cometidas por servidores públicos de este Órgano de Estado se encuentran el de percibir más de una remuneración proveniente del presupuesto del Estado, cuando las labores deban ejercerse en el mismo horario; no utilizar los bienes, fondos, recursos públicos o servicios contratados únicamente para el cumplimiento de los fines institucionales; excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él o sus allegados tengan algún conflicto de interés y realizar actividades privadas en la jornada ordinaria de trabajo.
Por estas faltas han tenido que pagar multas que van desde los $242.40 hasta los $2,241. Quienes más cayeron en faltas antiéticas son personas de cargos judiciales y administrativos.
Asamblea Legislativa
En el caso de las sanciones a personal del primer Órgano de Estado, casi todos las sanciones son a exservidores o a exdiputados. La última fue en 2022 a un asesor a quien se le multó con $730.
Las faltas de los administrativos fueron realizar actividades privadas injustificadas en su horario laboral, y en el caso de exdiputados y exdiputadas por intervenir en procesos en el cual ellos o sus cercanos tuviesen algún conflicto de interés. Las multas interpuestas oscilaron entre los $304.17 hasta los $4,482
TSE
En el consolidado de faltas éticas del Tribunal, se encuentran cinco casos cometidos por exintegrantes del colegiado del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La falta de “prohibición de retardar sin motivo legal los trámites o la prestación de servicios administrativos” se les atribuyó a los exmagistrados, Walter René Araujo Morales, Julio Eduardo Moreno Niños, Mario Alberto Salamanca Burgos y Eugenio Chicas Martínez; sin embargo, una sentencia ordenó retirar los nombres del registro.
Chicas explicó a El Diario de Hoy que para ese entonces se trató sobre el estado de solicitud de inscripción del Partido Social Demócrata (PSD) y la falta de votos para aprobarlo.
“En ese momento no habían los votos para avalar la inscripción del PSD, ese tipo de resoluciones se adoptan por cuatro votos de cinco magistrados y en ese momento no estaban; y por lo tanto el tema se fue alargando, obviamente eso motivó a que los interesados hicieron uso legítimamente de las prerrogativas legales y fue lo que hicieron ante el TEG”, explicó Chicas.
Lista de los casos
