Este 27 de abril se cumplen 30 días desde que el gobierno inició a implementar el régimen de excepción a raíz de un repunte de violencia en el país y en ese lapso Cristosal señaló que ha registrado "detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos, degradantes y reiteradas violaciones a las garantías judiciales mínimas en los procesos judiciales iniciados".
La organización de la sociedad civil se pronunció este miércoles a través de un comunicado sobre la medida que, además, ha sido prorrogada por 30 días más. A su criterio, en la primera parte de esta, en la cual el Ejecutivo reporta la captura de 19,000 personas, solo ha "evidenciado graves vulneraciones a derechos humanos".
Afirmó que "los sistemas de Monitoreo y de Protección de Derechos Humanos de Cristosal han identificado diversos patrones de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades policiales, militares y del sistema de justicia durante el régimen de excepción".
Según el comunicado, Cristosal ha recibido a la fecha "147 casos de personas detenidas arbitrariamente" y basado en informes periodísticos denunció "afectaciones graves a la integridad personal (entre ellas la detención de personas con discapacidad intelectual) e incluso la muerte de al menos 5 personas".
La organización reiteró que "tanto el régimen de excepción aprobado el 27 de marzo, como su prórroga, no están acordes con la Constitución" de la República, así como añadió que la medida vulnera "también las obligaciones establecidas en tratados internacionales en materia de derechos humanos"
Expone que, de acuerdo con la Constitución, "este es un mecanismo excepcional que debe ser usado en situaciones extremas y en forma temporal. Usarlo para para enfrentar alzas de homicidios -que son graves pero coyunturales- es abusar de este mecanismo. Lo anterior ha quedado en evidencia, pues a esta fecha el número de homicidios es bajo, sin embargo, las autoridades mantienen el mismo motivo para justificar la prórroga".
Consideró que "las afectaciones al orden constitucional y a los derechos humanos que está provocando el régimen de excepción se han visto agravadas", además, "ante la aprobación de un decreto adicional que permite evadir los mecanismos legales de control y transparencia en las compras públicas, a través del denominado Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios por parte del Estado".
Foto EDH Menly Cortez.
Cristosal instó a las autoridades "a cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo durante la aplicación" de la medida y apegarse a lo establecido "en la Constitución de la República y a los tratados internacionales, de los cuales El Salvador es parte".
"Exhortamos a las autoridades a implementar una política de seguridad ciudadana integral basada en derechos. Las políticas de corte mano dura que buscan atajos para evitar la protección de los derechos humanos no son sostenibles en tiempo y generan daños al sistema democrático de los gobiernos y dejan impactos irreversibles en las vidas de las familias que sufren abusos y actos arbitrarios", concluyó.