El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, ha señalado que un total de 1,194 menores de edad han sido detenidos durante el régimen de excepción por presuntamente estar vinculados a pandillas.
Así lo dio a conocer este jueves en una conferencia de prensa en la que informó sobre la captura de otros 8 menores de edad en el departamento de Chalatenango, a quienes se les vincula a pandillas por hacer señas alusivas a estos grupos en redes sociales.
Villatoro agregó que de los más de mil detenidos, 1,065 ya fueron condenados "por participar o pertenecer a estas estructuras criminales“.
“Sepan que ahora un menor de edad entre los 12 y los 18 años va a responder con penas de prisión de hasta 20 años, que es la pena mínima para los delitos de agrupaciones ilícitas y lo que estos jóvenes andan haciendo dentro de las escuelas es actividad relacionada a grupos terroristas”, apuntó.
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El funcionario añadió que efectivos de la Fuerza Armada y agentes de la Policía Nacional Civil mantendrán vigilancia en los centros escolares del país.
Hasta octubre de 2023, organismos como Socorro Jurídico Humanitario habían documentado 2,000 denuncias de menores capturados en el marco del régimen de excepción, asimismo sostenía que que el número de condenados a esa fecha era de 800.
Otras organizaciones de derechos humanos a octubre del año pasado también tenían registro de 1,220 menores de edad detenidos en centros penales.
Violación a derechos fundamentales
El pasado 9 de febrero entró en vigencia la vigésima tercera prórroga del régimen de excepción. La medida, en vigencia desde marzo de 2022 suspende algunos derechos constitucionales, y ha sido ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos.
Muertes de personas bajo custodia del Estado, tratos inhumanos, degradantes y capturas arbitrarias son las denuncias más recurrentes a casi dos años de entrada en vigor la medida.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Cristosal han registrado más de 5,400 denuncias de personas que han sufrido vulneraciones a sus derechos fundamentales.
Hasta julio de 2023 contabilizaban 173 muertes de personas bajo custodia del Estado. Según las denuncias muchos de los cadáveres de las víctimas presentaban señales de tortura, desnutrición o enfermedades crónicas sin tratamiento.
Entre las denuncias también hay detenciones arbitrarias, falta al debido proceso, tratos crueles e inhumanos, acoso, amenazas y lesiones, son otros de los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado.