El Consorcio Observa El Salvador (OES) presentó este jueves el estudio denominado "Mapa de las Transformaciones Institucionales en El Salvador 2019–2024", en el que analiza la concentración y centralización del poder en el gobierno y la modificación en la estructura organizativa del aparto gubernamental, por medio de los decretos aprobados por la Asamblea Legislativa de junio de 2019 a mayo de 2024.
El estudio expone modificaciones que han alterado la institucionalidad democrática y administrativa, identificando riesgos relacionados con la concentración del poder, el secretismo gubernamental y el debilitamiento de la transparencia.
"Es una presentación sobre el mapa de transformaciones institucionales que hemos venido observando en el periodo 2019-2024 y cómo desde el actuar del Órgano Legislativo se han ido dando esas transformaciones y cómo estas han favorecido un proceso de concentración y centralización del poder en el país", dijo Lourdes Escalante, miembro del Consorcio.
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Fueron 1,501 decretos revisados en dicho periodo, publicados en el Diario Oficial, de los cuales se analizaron 1,116 por su impacto en la institucionalidad del país.
"Hemos analizado más de 1,500 decretos legislativos que contienen la idea del proyecto de que probablemente este gobierno, con la cabeza que tiene, están reorganizando el Estado. Y están buscando formas nuevas para aprovechar la riqueza que tenemos como país y aprovechando el instrumento del Estado para seguir acumulando en favor de, probablemente, grupos pequeños", dijo David Mena, también integrante del Consorcio.
El promedio de decretos emitidos por la Asamblea es de 300 por año, el 54 % de estos fueron enviados por el Órgano Ejecutivo, con 812 proyectos; el 42 % del Órgano Legislativo, es decir, de los diputados, con 626 iniciativas y el resto de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de Concejos Municipales y algunos mixtos.
Concentración de decisiones
En el análisis se detectó que más del 60 % de las normativas aprobadas muestran una transferencia de funciones al Ejecutivo, incluyendo la capacidad de realizar nombramientos estratégicos en entidades autónomas y órganos contralores.
El estudio señala que aunque ya existe una relación de subordinación al órgano Ejecutivo, se considera concentración cuando la modificación conduce a depositar en la Presidencia de la República decisiones relevantes como nombramientos de cargos en juntas directivas de instituciones. En este caso, se cambió la composición de los cuerpos de dirección de 15 entidades públicas, con lo cual hay tanto un riesgo de transparencia, como de efectividad institucional.
"Lo que han propiciado los decretos aprobados es una mayor concentración y centralización del poder político. Hay más de 300 decretos que abonan a concentrar, que es capacidad de aprobar directamente o centralizar que los caminos que marcan los decretos siempre conducen al poder Ejecutivo", dijo Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), que también es parte del Consorcio.
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Otros hallazgos en reconfiguración de la institucionalidad es la militarización de la seguridad pública, a través de asignaciones presupuestarias incrementales y la ampliación de competencias de la Fuerza Armada.
También el debilitamiento de los contrapesos democráticos y el retroceso en la participación ciudadana, ya que se ha limitado el acceso de sectores sociales a procesos de toma de decisiones, centralizando el poder en entidades cercanas al Ejecutivo y excluyendo la voz de comunidades y organizaciones civiles.
"Otro hallazgo importante es que gran parte de los decretos son sobre materia fiscal y tributaria, el 45 %, 500 de los decretos analizados hacen referencia a materia fiscal y tributaria. Un grupo menor hacen referencia a materia administrativa", agregó Serrado.
Son 500 decretos en temas fiscales, tributarios y presupuestarios; luego 174 (15.6 %) en materia administrativa; 118 (10.6 %) en materia económica, 44 en materia constitucional (4 %), 43 en materia internacional (3.8 %) y 40 en materia penal (3.6 %).
El resto tiene que ver con materias Política, Municipal, Laboral, de Salud, Electoral, Ambiental, Judicial, de Obra Pública e Infraestructura, Familiar, Turismo y Deporte, de Educación, Civil y de Género.
Cabe mencionar que se excluyeron del estudio los decretos correspondientes a títulos a poblaciones, distinciones honoríficas, permisos para recibir condecoraciones, fechas conmemorativas, leyes de impuestos municipales y decretos que abarcan ciertas autorizaciones como licencias, transferencias de inmuebles, exoneraciones de impuestos con fines benéficos y delimitaciones territoriales municipales.
Falta de transparencia
Otro impacto en la institucionalidad del país es la falta de transparencia y falta de información generalizada y un avance del secretismo gubernamental.
De los 1,116 decretos legislativos objeto de análisis, se identificó que 88 % (984) de ellos suponen un efecto de riesgo para la democracia y los derechos de la ciudadanía salvadoreña. La mayor parte de los decretos se concentra en las materias de transparencia, efectividad institucional y los referidos a la estabilidad fiscal.
Se advierte también en el estudio que el uso de decretos para restringir la divulgación de datos sobre recursos públicos y decisiones gubernamentales se ha intensificado. Esto incluye presupuestos asignados a obras públicas, financiamiento militar y programas sociales.
"Hay muchísimos decretos que apuntan a eso y lo que hace es que la opacidad en el manejo de la gestión pública, sobre todo en los recursos económicos, sea una característica de la presente administración", añadió Serrano.
La investigación también destaca que el impacto en la transparencia tiene consecuencias directas en la gobernabilidad democrática, aumentando la percepción de corrupción y debilitando la confianza en las instituciones públicas.
Afectación electoral y democrática
Aunque los decretos en materia electoral solo fueron 18, estos han modificado el sistema de partidos y hasta el régimen de gobierno.
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"Si bien no se ha reformado la Constitución, hay una serie de decretos legislativos que cambian la manera de gobernar, sobre todo en materia electoral; aunque solo son 18 en el universo han prácticamente transformado el sistema de partidos en El Salvador", enfatizó Serrano.
En este periodo se aprobaron las reformas al Código Electoral en la conformación de los concejos municipales y la reducción de diputaciones de la Asamblea Legislativa, así como la emisión de la Ley Especial para la Reestructuración Municipal que redujo los municipios, el voto electrónico desde el exterior, entre otros decretos.
El vicerrector comentó que se tiene un partido hegemónico y hubo una reelección presidencial sin cambiar la Constitución para promover esos cambios.
No obstante, el Consorcio considera importante continuar con los análisis es investigaciones sobre las transformaciones que ocurren en el país.
"Al final lo que buscamos desde el Consorcio y las organizaciones que lo conformamos es justamente fomentar el fortalecimiento del Estado de Derecho, rescatar la institucionalidad democrática en nuestro país", dijo Escalante.