Trump firma orden para usar fondos federales en la reconstrucción tras incendios en Los Ángeles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva que permitirá acelerar la reconstrucción en las áreas devastadas por los incendios del año pasado en Los Ángeles, California.

La medida elimina temporalmente los requisitos de permisos estatales y locales, reemplazándolos por una autocertificación de los constructores ante un designado federal. Según la Casa Blanca, los procesos tradicionales han “impedido indebidamente el uso oportuno” de los fondos de emergencia.

“Esto permitirá iniciar obras sin esperar permisos estatales o municipales”, señaló el comunicado oficial.

Investigarán uso de fondos no ejecutados

Además de la flexibilización administrativa, Trump ordenó una investigación interna en FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) para revisar el destino de casi 3,000 millones de dólares que fueron asignados a California para mitigación de riesgos, pero que no fueron utilizados. El presidente cuestionó si esos recursos fueron asignados de forma “arbitraria, caprichosa o ilegal”.

Un desastre de gran escala

Los incendios comenzaron el 7 de enero del año pasado y tardaron más de tres semanas en ser contenidos. El siniestro en Eaton Canyon, uno de los más devastadores, consumió casi 16,000 hectáreas y destruyó más de 9,400 estructuras, arrasando con gran parte de la localidad de Altadena.

En Palisades, un exclusivo barrio angelino, las llamas destruyeron otras 5,300 edificaciones, incluidas viviendas de celebridades.

El saldo final fue de al menos 31 personas fallecidas, 150,000 evacuadas y más de 16,000 construcciones destruidas, convirtiéndolo en uno de los desastres naturales más costosos en la historia reciente de EE. UU.

Causas aún bajo investigación

Las autoridades federales y estatales continúan indagando las causas de los incendios, que aún no han sido determinadas. Mientras tanto, la nueva orden ejecutiva busca evitar retrasos adicionales y permitir una recuperación más ágil en las zonas afectadas.

La medida ha generado reacciones divididas entre funcionarios estatales, quienes temen que la autocertificación deconstructores pueda comprometer estándares de seguridad, y defensores de las víctimas, que valoran cualquier acción que acelere la reconstrucción.