Migrantes en Florida entregan tutela de sus hijos por temor a deportaciones

El temor a la deportación está empujando a migrantes indocumentados en Florida a tomar una decisión extrema: ceder la tutela legal de sus hijos a personas de confianza para evitar que queden desamparados si son detenidos. La medida, cada vez más frecuente, afecta a familias centroamericanas y caribeñas, entre ellas una numerosa población salvadoreña que reside en ese estado y que enfrenta una creciente incertidumbre sobre su futuro.

Rosa, una migrante guatemalteca de 32 años, se quedó sola con sus dos hijos luego de que las autoridades migratorias detuvieran a su esposo mientras trabajaba en una construcción. Desde entonces, vive con miedo constante. “Salgo menos a trabajar y tengo miedo de no regresar a casa con mis hijos”, cuenta. Para protegerlos, decidió otorgar la tutela legal de los menores a la activista Nora Sandigo, una figura clave para cientos de familias migrantes en el sur de Florida.

Este tipo de poder notarial permite que un adulto autorizado pueda firmar documentos escolares, médicos o judiciales en nombre de los niños si sus padres son detenidos, sin que estos pierdan la custodia legal. Para muchas familias, se trata de un recurso preventivo ante un escenario que perciben como inevitable.

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Un temor compartido por familias salvadoreñas

La situación no es ajena a la comunidad salvadoreña en Florida, una de las más numerosas entre los migrantes centroamericanos en Estados Unidos. Muchas familias salvadoreñas, con años de residencia y con hijos nacidos en territorio estadounidense, viven con la misma angustia ante las redadas y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Activistas y organizaciones comunitarias señalan que madres y padres salvadoreños recurren cada vez más a la tutela legal como una forma de garantizar estabilidad para sus hijos en caso de una detención. El objetivo es evitar que los menores ingresen al sistema de acogida estatal o queden sin un adulto responsable que vele por su bienestar inmediato.

El aumento de estos casos coincide con el endurecimiento de la política migratoria impulsada durante la administración de Donald Trump. Según datos oficiales publicados recientemente, más de 605.000 personas indocumentadas fueron deportadas desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero. 

En Florida, donde vive una amplia comunidad extranjera, las detenciones se intensificaron, afectando sobre todo a trabajadores de la agricultura, la hostelería y la construcción, sectores donde también se concentra buena parte de la mano de obra salvadoreña.

El rol de una red de apoyo comunitario

Nora Sandigo, activista nicaragüense naturalizada estadounidense, recibe a diario a familias que buscan formalizar la tutela de sus hijos. Desde hace 15 años, a través de su fundación con sede en Miami, asume la responsabilidad legal de menores cuyos padres temen ser deportados.

Actualmente es tutora legal de cerca de 350 niños ciudadanos estadounidenses y 137 nacidos en el extranjero, aunque a lo largo de los años ha acompañado a más de 2.000 menores. Algunos incluso han vivido con ella y sus hijas durante meses o años, tras la deportación de sus padres.

Sandigo asegura que las llamadas se multiplicaron en los últimos meses. “El número se ha incrementado de forma espectacular”, afirma. Aunque no existen cifras oficiales a nivel nacional, medios estadounidenses reportan un aumento similar en otros estados como California, Illinois y Vermont.

“La llegada de la nueva administración con un mensaje aterrador de persecución para los inmigrantes, de mucha angustia para los niños, ha sido espeluznante”, sostiene la activista, quien llegó a Estados Unidos como refugiada tras huir de la revolución sandinista en Nicaragua.

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Niños en medio de la incertidumbre

Una tarde previa al Día de Acción de Gracias, Sandigo recibe a varias familias en su finca a las afueras de Miami. Entre ellas está Jessica, una adolescente de 14 años nacida en Estados Unidos, que llegó junto a sus hermanos y su madre para recibir una donación de alimentos.

Jessica es una de las menores bajo la protección legal de Sandigo. Con evidente nerviosismo, confiesa que la situación migratoria de sus padres le genera miedo y tristeza. “Mi mayor preocupación es que ellos se vayan y también mi futuro. Porque si ellos se van, yo me voy con ellos”, dice entre lágrimas.

Como ella, miles de niños hijos de migrantes incluidos muchos de origen salvadoreño crecen con la amenaza constante de una separación familiar. Aunque son ciudadanos estadounidenses o tienen vínculos sólidos con sus comunidades, viven atrapados en una realidad que no eligieron.

Sandigo teme que este contexto deje secuelas profundas. Advierte que la política migratoria actual podría provocar daños psicológicos duraderos y resentimiento en toda una generación. “Amo a los niños y quiero ser útil, poder servirles, pero no en estas circunstancias”, lamenta.

Mientras tanto, para familias como la de Rosa y muchas otras salvadoreñas en Florida, la tutela legal se ha convertido en una herramienta de supervivencia emocional y práctica, una forma de proteger a sus hijos frente a un futuro que hoy se percibe tan incierto como amenazante.