Un juez federal dio inicio este miércoles al proceso para declarar al Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en desacato por ignorar una orden judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la megacárcel en El Salvador.
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
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«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió.
Permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes, agregó Boasberg, «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».
Añadió que estas acciones "demuestran una indiferencia deliberada y son suficientes para que el tribunal concluya que existe causa probable para declarar al Gobierno en desacato".
"El tribunal no llega a tal conclusión a la ligera ni de manera apresurada. De hecho, ha dado a los demandados amplia oportunidad para rectificar o explicar sus acciones", escribió Boasberg, pero "ninguna de sus respuestas ha sido satisfactoria".
En su resolución, Boasberg asegura que a pesar de que la decisión de la Corte Suprema dejó sin efecto su orden de bloquear las expulsiones a El Salvador por "defectos legales", todas las órdenes judiciales emanadas por una corte deben ser obedecidas. "Si una parte elige desobedecer la orden —en lugar de esperar que se corrija a través de un proceso judicial— esa desobediencia es castigable como desacato", insiste.
Trump invocó el pasado 14 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que el incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales.
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La ONG Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una «desaparición forzada».
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
En su recuento de hechos, Boasberg asegura que el 15 de marzo el gobierno de Trump expulsó a venezolanos en un procedimiento que avanzó "más rápido que los procedimientos judiciales en los que participaba activamente".
Oportunidad para rectificar
En las últimas páginas de su resolución, informó la cadena Univisión, el juez Boasberg asegura que la corte le dará la oportunidad al gobierno para evitar un proceso criminal por desacato: remediar su violación al obedecer voluntariamente a la orden judicial.
La manera más obvia de hacerlo, dice, es que los demandados confirmen que tienen la custodia de las personas expulsadas en violación a la orden del juez para que así, se les permita impugnar su expulsión mediante un procedimiento de habeas corpus.
Si el gobierno decide evadir el proceso de desacato, Boasberg asegura que la corte procederá a identificar a los responsables de incumplir su orden de forma "específica o por omisión".
En este caso, la corte de distrito de DC, que él preside, convocará a audiencias en las que se tomarán testimonios de testigos presenciales bajo juramento o declaraciones de los demandantes.
"Eso no se hace", dice el Jefe venezolano de los Jesuitas
Por otra parte, el superior general de la Compañía de Jesús, el venezolanoArturo Sosa, lamentó lo que le ocurre a sus compatriotas recluidos en El Salvador. "¡Eso no se hace!", es lo que el superior jesuita le diría al presidente Donald Trump sobre la deportación masiva de inmigrantes si tuviera la oportunidad de encontrarse con él.
Como venezolano, al ver las imágenes de venezolanos deportados con cadenas desde Estados Unidos y enviados a prisión en El Salvador, el padre Sosa dijo que sintió "una mezcla de tristeza y rabia. Y esa prisión, no tiene sentido", dijo a la publicación digital American Magazine.
"Sentí dolor no solo por esos 250 venezolanos que están en El Salvador, sino también por las 1,500 personas arrestadas en Venezuela que esperan justicia y no están en una situación mejor", enfatizó.