Un juez ha resuelto bloquear temporalmente la medida del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de negar los visados a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que no puedan costearlo, lo que este domingo fue rechazado “rotundamente” por la Casa Blanca.
El juez federal de Portland, Oregon, Michael Simon, emitió la noche del sábado una orden preliminar que evita que la norma entre en vigor este 3 de noviembre. Se desconoce cuándo fallará sobre el mérito del caso.
Siete ciudadanos estadounidenses y una ONG presentaron el miércoles una demanda federal con el argumento de que la medida descartaría a casi dos terceras partes de los posibles inmigrantes legales.
La denuncia también señaló que la regla también reduciría enormemente o eliminaría el número de inmigrantes que ingresan a Estados Unidos con visas patrocinadas por familiares.
La Casa Blanca expresó en una nota su “fuerte” desacuerdo con “la decisión de una corte de distrito de imponer una orden a nivel nacional contra la política del presidente, de forma preliminar y urgente durante el fin de semana, sin ni siquiera permitir al Gobierno la oportunidad de proporcionar una defensa por escrito”.
Agregó que “es injusto y equivocado que un juez de distrito aborte la políticas del presidente para proteger mejor el sistema sanitario de EE.UU., y para los contribuyentes que sufren las graves consecuencias de la gran presión sobre el sistema de salud por la subvención descompensada de la atención (sanitaria) a quienes buscan ser admitidos” en el país.
El pasado 4 de octubre, Trump emitió una proclamación presidencial que ordenaba a los consulados estadounidenses que denieguen visados de entrada al país a aquellos inmigrantes que no pudieran demostrar que tienen “los recursos financieros para pagar los costos médicos” dentro de los 30 días posteriores a su entrada en EE.UU. o que “estarán cubiertos por un seguro médico aprobado”.
La medida debía entrar en vigor a partir de este domingo, sin embargo fue suspendida temporalmente.
La abogada del Justice Action Center Esther Sung dijo en un comunicado que “la prohibición (de Trump) separaría a familias y recortaría dos tercios de la inmigración basada en ‘green card” (residencia permanente).
“Es atroz que el presidente Trump esté tratando de burlar la voluntad del Congreso y exprimir una revisión completa de las leyes de inmigración de la nación sin que nadie lo note. Nuestra lucha continuará: apoyaremos a nuestros demandantes y a todos los inmigrantes para desafiar esta injusta prohibición de la atención médica “, subrayó Sung.
Los principales afectados por la orden de Trump serían inmigrantes procedentes de Latinoamérica, África y Asia, que acuden a consulados de EE.UU. en el extranjero para pedir un visado de entrada.
También impactaría a inmigrantes dentro del país que están en medio del proceso para conseguir la “green card” (residencia permanente) y a los que no se les permite permanecer en territorio estadounidense mientras el procedimiento se resuelve, con lo que tienen que ser entrevistados en un consulado en el extranjero.
En la práctica también es muy difícil lograr un seguro médico en el plazo de 30 días, ya que muchos empleadores imponen tiempos de espera hasta que se considera que un nuevo trabajador es apto para acceder a un seguro médico pagado por la empresa.
En declaraciones a Efe, el director de Iniciativas Estratégicas de Innovation Law Lab, Ramón Valdez, destacó que, de ponerse en marcha la orden, “afectaría a dos tercios de todos los visados, es decir, 400,000 personas al año”.
En su opinión, la medida no es solo “discriminatoria”, sino que también va en contra de la ley.
Además, denunció las dificultades para acceder a un seguro médico que tendrían que afrontar los inmigrantes implicados: “No todos los seguros médicos califican para esta regla, ellos (el Gobierno) dieron una lista de distintos tipos de cobertura médica que deberían tener los inmigrantes”.
“Y los tipos de seguro médico accesibles para los inmigrantes no califican para esta regla”, lamentó.
El requisito de tener un seguro médico está conectado con un reglamento presentado por el Gobierno en agosto que permitiría rechazar permisos de residencia permanente a los inmigrantes legales que las autoridades consideren que se han convertido en una “carga pública” para el país.
Bajo esta nueva normativa, que también fue bloqueada por los tribunales en octubre, un inmigrante legal sería definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.