A algunos inmigrantes que soliciten una visa estadounidense se les negará el ingreso al país a menos que puedan demostrar que pueden cubrir sus gastos médicos, según un decreto que firmó el presidente Donald Trump ayer.
La nueva regla se aplica a personas que soliciten visas de inmigrante desde el extranjero, y no a los que ya están en Estados Unidos. No afecta a los residentes permanentes legales, ni a los solicitantes de asilo, refugiados ni menores de edad.
Pero podría aplicarse a cónyuges y padres de ciudadanos estadounidenses. Eso podría tener un impacto en las familias que intentan llevar a sus padres a Estados Unidos.
La proclama indica que se prohibirá el ingreso de inmigrantes al país a menos que adquieran un seguro de salud menos de 30 días después de entrar o que cuenten con los suficientes recursos financieros para cubrir cualquier gasto médico. La medida entrará en vigor el 3 de noviembre.
El gobierno del presidente Trump intenta reformar el sistema migratorio basado en la familia y sustituirlo con un sistema basado en méritos, y el decreto firmado ayer es un nuevo intento por limitar el acceso de los inmigrantes a los programas públicos.
A principios del año, el gobierno de Trump realizó cambios radicales a las reglas a fin de negar certificados de residencia permanente a los inmigrantes que reciban algunos tipos de asistencia pública. La Casa Blanca también giró instrucciones a las autoridades para recuperar de los patrocinadores los pagos de seguridad social basados en ingresos, y propuso una regla que requería verificar el estatus migratorio de todo aquel que solicitara beneficios para vivienda pública.
El seguro de salud requerido puede adquirirse de manera individual o a través de un empleador, y puede ser una cobertura a corto plazo o para enfermedades catastróficas.
La cobertura de Medicaid no cuenta. Y un inmigrante no podrá obtener una visa si utiliza subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA por sus iniciales en inglés) para adquirir su póliza. El gobierno federal paga esos subsidios.
“Aunque los inmigrantes legales son candidatos a subsidios de la ACA, se quedarían en el limbo porque la proclama no considera seguros a las coberturas subsidiadas”, tuiteó Larry Leavitt, vicepresidente ejecutivo de políticas de salud en Kaiser Family Foundation, un grupo de expertos en seguros de salud.
La Casa Blanca indicó en un comunicado oficial que muchas personas que no cuentan con la ciudadanía se estaban aprovechando de los “generosos programas de salud pública”?? del país, y que estos inmigrantes contribuyen al problema de los costos no compensados de salud”.
Empresas apoyan “dreamers”
Mientras tanto, más de 140 empresas, entre las que se incluyen Amazon y Google, y la propia Cámara de Comercio de EE.UU. presentaron ayer un escrito ante el Tribunal Supremo en el que defienden a los llamados “soñadores” antes de que la corte delibere sobre su futuro el 12 de noviembre.
En el documento legal, las empresas respaldaron este viernes a los casi 700,000 jóvenes que están amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un beneficio que los protege de la deportación desde 2012, cuando el gobierno de Barack Obama lo creó.
Pero en septiembre de 2017, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció el fin del programa, decisión que fue frenada por un Tribunal de California, lo que obligó a restablecer el beneficio temporalmente e inició una batalla legal que ahora ha llegado a la Corte Suprema, la máxima instancia de justicia en los Estados Unidos.
El Tribunal Supremo escuchará los argumentos de las dos partes este próximo 12 de noviembre, aunque no se espera que emita su fallo hasta el próximo año.
Según un reciente análisis de Center for American Progress (CAP), en la actualidad unos 661,000 jóvenes están amparados por el programa DACA, lo que les otorga un permiso de residencia y de trabajo hasta por dos años.
Cada año, los beneficiarios de DACA pagan 5,700 millones de dólares en impuestos federales y 3,100 millones de dólares en impuestos estatales y locales.