“¿Destruirá a tu familia esta decisión?” esa fue la pregunta directa de una reportera de CNN a Crista Ramos, la adolescente de 15 años quien por más de un año enfrenta la amenaza de la posible deportación de su madre, Cristina Morales, a El Salvador.
Crista respondió con calma, con una voz casi tímida, sobre el trauma que implicará para ella y para miles de niños el tener que ser separados de sus padres o de las comunidades donde han crecido.
No es la primera vez que tiene que responder a una pregunta así de dura.
Tras la decisión del gobierno de los Estados Unidos de terminar el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), Crista se involucró en la lucha por el derecho de cientos de miles de salvadoreños a quedarse en el país donde han vivido y trabajado por más de dos décadas. En este proceso ha aprendido a enfrentar preguntas difíciles e incluso lidiar con comentarios racistas contra su familia y la comunidad que defiende.
Antes del 18 enero de 2018, cuando se anunció la cancelación del TPS para más de 195,000 salvadoreños, los días de Crista se enfocaban en la escuela y sus prácticas de fútbol. Ella ha practicado el deporte desde los cinco años y parte de sus sueños estaban enfocados en algún día llegar a equipos más profesionales.
Sin embargo, sus días tranquilos se terminaron de una forma inesperada cuando su madre le reveló a ella y a su hermano menor que la cancelación del TPS implicaba que sería obligada a regresar a El Salvador.
Ambos hermanos nunca habían oído del TPS. Cristina, su madre, había sido forzada a los 12 años a salir huyendo de El Salvador.
El doloroso recuerdo de la violencia que la forzó a salir de su país de origen en 1993 le hizo no hablar mucho con sus hijos sobre cómo llegó a Estados Unidos.
Crista no sabía que existía una diferencia entre sus padres y los estadounidenses. Pero a partir de entonces comenzó a observar con mayor atención las actitudes discriminatorias contra personas como sus padres. “Yo los miraba iguales. Fue algo que me abrió los ojos para ver las diferencias y la injusticia contra los inmigrantes, más por los comentarios racistas del presidente cuando estaba hablando de los países que tienen TPS”, dijo Crista.
El 11 de enero de 2018 se dieron a conocer los comentarios del presidente Donald Trump durante una reunión en la que se abordaba el tema de las personas provenientes de El Salvador, Haití y otros países africanos. Trump dijo: “¿Por qué tenemos a esta gente de países de mierda?”. Las palabras de Trump forman parte de los alegatos de una demanda interpuesta en contra de la decisión de cancelar el TPS.
La querella se interpuso ante la Corte Federal de Distrito del Distrito Norte de California, esta demanda es conocida como Ramos vs Nielsen y ya logró una orden judicial a favor de prorrogar la protección del TPS.
¿Cómo llegó Crista a encabezar la demanda?
Después del shock inicial de la noticia de su madre, el amor por ella la empujó a luchar por no tener que ser separadas.
Madre e hija se involucraron en los comités formados por tepesianos de El Salvador y otros países, así como en las labores lideradas por la Alianza Nacional TPS.
En este proceso, Crista ha conocido a muchos jóvenes hijos de padres tepesianos de distintas naciones. “Me han inspirado a seguir luchando y me han dicho sus historias y cómo les afectaría si sus padres se tuvieran que ir. Escuchar sus historias me ha hecho más fuerte porque no solo estoy luchando por mi familia, sino por las familias de ellos también”, explicó Crista.
Crista tomó una decisión que requirió de mucho valor, al ser parte del grupo de personas que ha desafiado directamente al gobierno de Trump al demandarlo.
El 12 de marzo de 2018, nueve tepesianos y cinco ciudadanos estadounidenses hijos de tepesianos interpusieron una demanda contra la terminación del TPS. La demanda es encabezada por el nombre de Crista Ramos y es identificada como Ramos et al vs Nielsen, por la entonces directora del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.
En esta demanda se argumentó el daño y trauma que implicará para los miles de hijos de personas que recibieron la protección del TPS ver cómo sus padres son forzados a volver a su país de origen después de décadas de vivir en los Estados Unidos. También se señalaron los comentarios del presidente Trump y cómo la decisión puede estar empujada por motivos racistas.
El 3 de octubre de 2018, el juez Edward Chen ordenó aplazar la terminación del TPS. Esta decisión fue apelada por el gobierno estadounidense y actualmente el caso sigue en las cortes.
En agosto hubo una audiencia en la Crista participó. Ella se preguntaba si los jueces estaban pensando en sus familias o solo en asuntos legales. Aunque se esperaba una decisión final para esos días, se dio un plazo hasta octubre para que los abogados de ambas partes terminen de entregar sus pruebas.