ICE ya no podrá entrar a casas de migrantes sin orden judicial

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) instruyó a sus agentes a no ingresar a viviendas sin una orden judicial y a limitar las detenciones en tribunales de inmigración, según reportó NBC este jueves, citando a dos altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El cambio marca un giro en la aplicación de políticas migratorias en Estados Unidos y responde a cuestionamientos legales y políticos sobre operativos anteriores.

De acuerdo con las fuentes, los agentes han recibido instrucciones verbales que buscan frenar prácticas que habían sido señaladas por organizaciones de derechos civiles. Entre ellas, el ingreso a domicilios sin autorización judicial, una acción que, según los críticos, podría contravenir la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual protege contra registros y confiscaciones injustificados por parte del Gobierno.

Ajustes tras críticas y presión política

El reporte indica que estas modificaciones también incluyen una reducción en las detenciones dentro de tribunales de inmigración. Este cambio se da después de ajustes en la política migratoria implementados en febrero pasado por la administración del presidente Donald Trump.

Las decisiones surgen en un contexto de presión creciente, incluso desde sectores del propio Partido Republicano. Uno de los episodios más citados ocurrió en enero en Minneapolis, donde operativos migratorios derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Nicole Renée Good, ambos de 37 años.

Tras ese caso, la Casa Blanca removió de su cargo a la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem. El hecho generó cuestionamientos sobre la ejecución de las redadas y el alcance de las facultades de los agentes en el terreno.

Nueva dirección en el DHS

Durante su audiencia de confirmación en el Senado el mes pasado, el actual secretario del DHS, Markwayne Mullin, adelantó parte de este enfoque. Mullin afirmó que exigiría a los agentes del ICE obtener órdenes judiciales antes de ingresar a viviendas, lo que representa un cambio frente a lineamientos anteriores más flexibles.

Además, propuso reorientar la colaboración entre ICE y las fuerzas policiales locales. Según lo expuesto, la prioridad sería enfocar los esfuerzos en la detención de personas indocumentadas dentro de cárceles, en lugar de llevar a cabo redadas comunitarias a gran escala.

El ajuste en las directrices refleja un intento por redefinir la forma en que se ejecutan las políticas migratorias, en medio de un debate persistente sobre seguridad, legalidad y derechos civiles en Estados Unidos.