Vivir con miedo en Chicago: redadas migratorias que cambian destinos

María Santoyo vendía tamales en un carrito del West Side de Chicago cuando agentes federales la subieron a una camioneta. Sin documentos, madre de siete hijos y residente en Estados Unidos por más de dos décadas, se convirtió en una de las más recientes víctimas de una nueva ola de redadas migratorias que está transformando el pulso de los vecindarios latinos.

Su hijo, Eduardo Santoyo, contó que tras la detención tuvieron que recoger el carrito, los contenedores de comida y la sombrilla antes de iniciar una búsqueda desesperada. Veinticuatro horas después, la familia no tenía noticias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia federal a cargo de las operaciones. “Podrían ser días, meses o años, o puede que nunca la volvamos a ver”, dijo el joven de 22 años a la AFP.

El caso de María no es aislado. En la tercera ciudad más grande del país, las redadas han vuelto a sembrar incertidumbre entre los trabajadores informales y las familias de origen latino. Videos grabados por testigos muestran detenciones a plena luz del día, sin aviso previo, en calles, estacionamientos y zonas comerciales. Los arrestos, que se multiplicaron en las últimas semanas, han dejado una estela de miedo en comunidades como Little Village, Cicero y Pilsen, donde la vida diaria depende en gran parte del trabajo migrante.

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Entre la ley y la humanidad: un debate sin pausa

Las redadas se enmarcan en una ofensiva federal impulsada durante la administración del expresidente Donald Trump, cuyo objetivo declarado fue acelerar las deportaciones de inmigrantes irregulares. Sin embargo, el impacto humano de estas políticas ha provocado una fuerte respuesta judicial y social.

Un tribunal de apelaciones decidió recientemente que los cientos de efectivos de la Guardia Nacional enviados a Chicago pueden permanecer en Illinois, pero no desplegarse, al confirmar la suspensión de una corte inferior sobre la movilización de tropas. Esa decisión fue vista por activistas como un respiro legal ante lo que consideran una “campaña de miedo” contra comunidades trabajadoras y asentadas desde hace años.

“Puede que no veas una redada, pero esto está afectando a toda nuestra comunidad”, dijo Casey Caballero, madre de Lombard casada con un ciudadano estadounidense. Para muchos residentes, la frontera entre legalidad y humanidad parece desdibujarse cuando los agentes federales irrumpen en barrios donde las familias han echado raíces durante generaciones.

Grupos defensores de derechos civiles acusan a ICE de aplicar perfiles raciales y detener personas basándose en su apariencia o idioma. Eduardo Santoyo, ciudadano estadounidense, expresó su frustración y temor: “Si vienen tras de mí, tengo papeles, pero ¿cómo lo sabrían? Eso es racismo”, aseguró.

Un clima de desconfianza y resistencia

Las alertas sobre redadas circulan cada vez con más frecuencia en redes sociales. Organizaciones locales se movilizan para advertir a los vecinos y ofrecer asesoría legal gratuita a los afectados. Aunque las protestas frente a centros de detención, como el de Broadview, han sido dispersadas con gases lacrimógenos y arrestos, los grupos proinmigrantes insisten en mantener visible la crisis.

Durante uno de los operativos, incluso una productora de televisión con ciudadanía estadounidense fue arrestada en el North Side de Chicago, según reportó su canal WGN, antes de ser liberada. También se registraron detenciones en el Aeropuerto Internacional O’Hare y en zonas de construcción.

En las calles, la tensión se mezcla con la solidaridad. Vendedores ambulantes y vecinos han decidido mantener sus rutinas pese al miedo. Una comerciante, que prefirió no dar su nombre, resumió el sentimiento general: “Podría ser cualquiera”.

Para Nae Campbell, cliente habitual del carrito de María, las redadas representan “el gesto más inhumano que jamás haya visto”. Asegura que la comunidad se organizará para apoyar a la familia: “La gente se ha arraigado aquí, ahora tienen familias aquí. Los agentes básicamente los arrancaron de su vida. Es una locura”.

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El desafío de reconstruir la confianza

El caso de Chicago refleja un dilema más amplio: cómo equilibrar la aplicación de la ley migratoria con la protección de derechos humanos básicos. Aunque las autoridades federales argumentan que los operativos apuntan a personas con órdenes de deportación pendientes, la realidad en las calles muestra un efecto de miedo colectivo que afecta incluso a ciudadanos y residentes legales.

Mientras la incertidumbre continúa, las historias como la de María se repiten en todo el país. Para muchos, la pregunta ya no es si las redadas continuarán, sino cuánto podrá resistir el tejido comunitario que durante décadas ha sostenido el sueño de millones de familias inmigrantes.