El Ministerio Público de Guatemala (MP, Fiscalía) confirmó este martes que investigará administrativamente a una mayoría de 20 personas señaladas recientemente por corrupción por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Las pesquisas fueron asignadas a la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, aseguró a Efe una fuente del MP que pidió el anonimato.
Esa decisión resulta en una "paradoja", agregó la misma fuente, ya que la mayoría de las personas señaladas por EE.UU. "ya tienen procesos abiertos en otras dependencias" de Guatemala, por lo que parece "sospechoso" que se le designe a la Fiscalía de Delitos Administrativos.
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Las acusaciones de Estados Unidos son contra 20 personalidades de la política y la justicia guatemaltecas, 18 de las cuales ya cuentan con procesos penales en desarrollo.
El listado de funcionarios, que en total engloba a 55 centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras, fue difundido el pasado 1 de julio por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Entre los señalados de Guatemala destacan el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (máximo tribunal del país) Néster Vásquez, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Manuel Duarte y el exprimer secretario de la junta directiva del Congreso Felipe Alejos Lorenzana.
A Alejos Lorenzana ya lo había sancionado anteriormente EE.UU. y ahora se le acusa de "haber participado en actos de corrupción para enriquecerse a sí mismo".
También están incluidos los diputados Jorge Estuardo Vargas Morales y Boris Roberto España Cáceres, así como la exdiputada Delia Bac y los activistas de extrema derecha Raul Amilcar Falla Ovalle y Ricardo Méndez Ruiz, integrantes de la Fundación Contra el Terrorismo.
La "lista negra" incluye, además, los nombres de Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, exjefe de Gabinete del presidente Álvaro Colom (2008-2012), gobernante también incluido en la lista, y del excandidato presidencial Mario Amílcar Estrada, condenado por narcotráfico a 15 años de prisión en febrero de este año por una corte de Nueva York.
Están en el listado el abogado Juan Carlos Gómez del Consejo Superior Universitario; el alcalde de Joyabaj, Quiché, Florencio Carrascoza; el abogado de militares Moisés Galindo; el operador político Gustavo Herrera y el exjuez Mynor Moto.
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De igual forma, el excandidato presidencial Alejandro Sinibaldi; el exviceministro de Comunicaciones Guillermo Estuardo Sosa; la exmagistrada del Supremo Blanca Stalling; y el exministro de Cultura Elder Súchite Vargas.
La postura del Ministerio Público guatemalteco se contrapone a la situación en El Salvador, donde el fiscal General impuesto, Rodolfo Delgado, restó importancia a la publicación de la lista al ignorarla y no aclarar si se realizarían las respectivas investigaciones sobre los señalados, entre los cuales están varios funcionarios y exfuncionarios cercanos al presidente Nayib Bukele.
Según el Departamento de Estado, las personas mencionadas en la lista son sospechosas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras, países en los que la Administración del presidente Joe Biden ha centrado su estrategia para frenar la inmigración irregular hacia EE.UU.
Biden se ha propuesto combatir la corrupción e impulsar programas de desarrollo en los países del Triángulo Norte como parte de su estrategia para frenar la inmigración irregular.