Juez declara ilegal deportar migrantes a terceros países sin previo aviso
Un juez federal en Massachusetts declaró ilegal la política del Gobierno de Estados Unidos que permitía deportar migrantes a terceros países sin notificación previa ni oportunidad de objeción.
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EFE
Publicado el 26 de febrero de 2026
Un juez federal en Massachusetts declaró ilegal la política del Gobierno de Estados Unidos que permitía deportar migrantes a terceros países sin notificación previa ni oportunidad de objetar la decisión. El magistrado Brian Murphy determinó que la medida viola la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso, y cuestionó las garantías ofrecidas por los países receptores. Aunque anuló la política, otorgó 15 días antes de que el fallo entre en vigor para permitir una posible apelación. La Casa Blanca ha defendido estas expulsiones y se espera que recurra la decisión ante instancias superiores.
El juez Brian Murphy resolvió que la medida, emitida el año pasado, violaba la ley federal de inmigración y el derecho al debido proceso.
La normativa establecía que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no estaba obligado a informar a los extranjeros si serían enviados a países distintos al indicado en su orden de deportación, siempre que el gobierno receptor ofreciera supuestas garantías de no persecución o tortura.
En su fallo, Murphy cuestionó la validez de esas garantías y sostuvo que “nadie sabe realmente nada sobre estas supuestas ‘garantías’”. “No está bien, ni es legal”, añadió.
El magistrado ordenó anular la política, aunque concedió un plazo de 15 días antes de que la decisión entre en vigor, a la espera de una posible apelación del Ejecutivo.

Deportaciones a terceros países
El Gobierno de Donald Trump ha enfrentado varios litigios por la expulsión de migrantes a terceros países, es decir, naciones que no figuran en la orden original de deportación.
El año pasado, más de 200 salvadoreños fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador bajo el amparo de una antigua ley de guerra.
Además, la Casa Blanca ha sostenido conversaciones con Costa Rica, Panamá y Ruanda para recibir deportados que no son ciudadanos de esos países.
Los demandantes en el caso alegaron que desconocían que serían enviados a destinos distintos, en algunos casos en otros continentes.

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Antecedentes judiciales
En mayo pasado, el mismo juez determinó que el Gobierno había violado una orden judicial al intentar expulsar a un grupo de inmigrantes con antecedentes penales a Sudán del Sur sin notificación previa ni oportunidad de presentar objeciones basadas en temor.
El caso llegó al Tribunal Supremo, que permitió reanudar las expulsiones mientras se emitía una decisión definitiva.
Se prevé que la Casa Blanca vuelva a apelar el fallo de Murphy e impulse el caso ante instancias superiores.
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