El Gobierno de Donald Trump presentó este sábado un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos pidiéndole que levante el bloqueo temporal de emergencia que emitió esta madrugada prohibiendo las expulsiones de migrantes venezolanos a El Salvador.
El recurso, firmado por el procurador general de EE.UU., John Sauer, solicita al Supremo permitir que se reanuden los vuelos de expulsión hacia el país centroamericano y también que las cortes de menor instancia puedan resolver el caso.
Poco después de la medianoche del viernes, el Supremo respondió a un recurso de emergencia de la organización Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), pidiéndole que interviniera ante un "inminente" traslado de migrantes venezolanos a El Salvador desde un centro de detención en Texas.
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ACLU alegó que el Gobierno de Trump estaba violando una decisión judicial al querer expulsar a los hombres sin darles un "tiempo razonable" para defender sus casos.
El presidente republicano invocó una ley de 1789 -conocida como la Ley de Enemigos Extranjeros- para justificar las expulsiones de los migrantes venezolanos, acusándolos de ser parte del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que el Gobierno calificó como "terrorista".
El uso por parte del Gobierno de esta ley, invocada en el pasado en tiempos de guerra, ha provocado una ola de críticas por parte de la oposición demócrata y de expertos juristas que hablan ya de una crisis constitucional.
El recurso del Gobierno alega que la demanda de emergencia que ACLU presentó anoche fue "terriblemente prematura" porque "se saltó" a los tribunales de menor instancia.
A su vez, alega que el Gobierno avisó a los migrantes con "antelación" antes de empezar el proceso para llevarlos a El Salvador y señala que la administración se ha comprometido a no expulsarlos bajo la ley de enemigos extranjeros.
Según detalló ACLU el viernes en documentos judiciales -y confirmó este sábado el Gobierno- los oficiales del centro de detención Bluebonnet en Texas le entregaron a los migrantes venezolanos un documento informándoles que serían expulsados bajo la ley de enemigos extranjeros.
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La organización denunció que la notificación estaba escrita en inglés y que varios de sus clientes solo hablan español.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el CECOT, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
Sin embargo, según información revelada por el senador demócrata del Maryland, Chris Van Hollen, tras su visita a El Salvador para reunirse con Kilmar Abrego García, deportado por un "error administrativo" al país, el pago prometido por el gobierno de Trump sería de hasta 15 millones de dólares para detener a estos prisioneros.
"Mi mejor información, y bastante fiable, indica que, hasta la fecha, han pagado más de cuatro millones de esos 15 millones”, expresó Van Hollen.
No obstante, aclaró que no ha visto ningún documento que especifique los términos y condiciones.
En total, EE.UU. ha enviado a esta cárcel a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado la semana pasada por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense.
Juez de Corte Suprema cuestiona bloqueo a deportaciones
Un juez conservador de la Corte Suprema de Estados Unidos criticó la intervención del máximo tribunal el sábado para suspender la deportación de migrantes venezolanos ordenada por el presidente Donald Trump, al calificar la decisión como "precipitada" y "legalmente cuestionable".
La máxima instancia judicial del país suspendió en las primeras horas del sábado la deportación de supuestos pandilleros venezolanos desde el estado de Texas a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, tras una orden del gobierno de Trump invocando una ley del siglo XVIII utilizada únicamente en tiempos de guerra.
El magistrado Samuel Alito y su colega Clarence Thomas, ambos conservadores, fueron los únicos en oponerse a la decisión mayoritaria entre los nueve miembros de la institución.
"Literalmente en mitad de la noche, la Corte emitió una medida sin precedentes y legalmente cuestionable (...) sin escuchar a la parte contraria en las ocho horas siguientes a la recepción de la demanda", argumentó Alito en un escrito.
"No teníamos ninguna buena razón para pensar que, en esas circunstancias, publicar una orden a medianoche era necesaria o apropiada", agregó.
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