Trump amenaza con quitar fondos a ciudades que protegen migrantes
El presidente de Estados Unidos reitera su postura contra las llamadas ciudades santuario y advierte que perderán fondos federales, pese a los frenos judiciales.
Por
EFE
Publicado el 14 de enero de 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su Gobierno retirará fondos federales a las ciudades con políticas que protegen a comunidades migrantes, conocidas como “ciudades santuario”, a partir del 1 de febrero. El anuncio fue hecho en Truth Social, donde afirmó que estas jurisdicciones generan “crimen y violencia”. La mayoría de estas ciudades son gobernadas por demócratas y limitan la cooperación policial con agentes migratorios. Sin embargo, los intentos de la Administración Trump han enfrentado frenos judiciales. Tribunales federales han limitado la capacidad del Ejecutivo para condicionar fondos aprobados por el Congreso.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que su Gobierno retirará fondos federales a las ciudades que aplican políticas para proteger a comunidades migrantes, conocidas como “ciudades santuario”. Según afirmó, estas jurisdicciones dejarán de recibir dinero gubernamental a partir del 1 de febrero.
El anuncio fue realizado a través de una publicación en la plataforma Truth Social, donde Trump sostuvo que las ciudades con este tipo de políticas “solo traen crimen y violencia”. El mandatario ha utilizado reiteradamente este argumento para justificar medidas más duras contra gobiernos locales que limitan la cooperación de sus policías con las autoridades federales de migración.
Durante su primer año de mandato, la Administración Trump ha intentado en varias ocasiones penalizar a estas ciudades, la mayoría gobernadas por el Partido Demócrata. Las políticas cuestionadas suelen restringir que la policía local colabore de forma directa con agentes migratorios, especialmente en casos que no involucran delitos graves.
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Obstáculos legales y límites al Ejecutivo
Los intentos del Gobierno federal no han avanzado sin resistencia. Varias de estas iniciativas se han enfrentado a obstáculos jurídicos y han sido objeto de demandas y sentencias preliminares que han bloqueado su aplicación. Hasta ahora, los tribunales federales han sido consistentes en limitar la capacidad del Poder Ejecutivo para condicionar o retirar fondos que ya han sido aprobados por el Congreso.
Las cortes han señalado que el Gobierno no puede usar la financiación federal como mecanismo de presión política sin una autorización legislativa clara. Este punto ha sido clave para frenar los esfuerzos de la Casa Blanca por castigar económicamente a las ciudades consideradas “santuario”.
Aun así, Trump ha mantenido su postura. En abril, firmó un decreto con el objetivo de judicializar a las ciudades que no colaboran con los agentes de migración y ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elaborar una lista de las localidades que, según el Gobierno, “obstruyen el ejercicio de la ley federal de inmigración”.
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Estados y ciudades en la lista
La lista publicada por el DOJ incluye a 11 estados, entre ellos California, Oregón, Illinois, Minnesota y Nueva York. También señala a 18 ciudades, como San Francisco, Boston, Chicago, Nueva Orleans y Denver, todas identificadas por mantener políticas que limitan la cooperación con las autoridades migratorias federales.
Desde la Casa Blanca, estas medidas son presentadas como un intento de reforzar el cumplimiento de la ley migratoria. Sin embargo, los gobiernos locales y diversas organizaciones han defendido las políticas “santuario”, argumentando que fortalecen la relación entre la policía y las comunidades migrantes.
Según estos gobiernos, limitar la colaboración con agentes de migración permite que las personas denuncien delitos o cooperen con las autoridades sin temor a ser deportadas, lo que, aseguran, mejora la seguridad pública en general.
Bajo la legislación estadounidense, vivir en el país sin autorización o sin un estatus migratorio legal no constituye un delito criminal, sino una falta de carácter civil. Este punto ha sido central en el debate legal y político que rodea a las ciudades santuario y que sigue marcando tensiones entre el Gobierno federal y las autoridades locales.
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