El País: Trump y Bukele intentan burlar a justicia de Estados Unidos

Una conjura para burlar a la justicia de Estados Unidos considera el periódico español El País el pimponeo entre los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de El Salvador, Nayib Bukele, del caso del salvadoreño Kilmar Ábrego, enviado a la megaprisión del CECOT pasando sobre una protección especial que le concedió un juez de inmigración en aquel país.

Podría interesarle: Niegan entrada al CECOT a senador de EE.UU. Chris Van Hollen

En su editorial, titulado La burla de Trump y Bukele, El País se refiere a la reunión que sostuvieron ambos gobernantes en Washington como “un ejercicio de cinismo que no se puede interpretar más que como una burla a la justicia y que sienta un tenebroso precedente sobre las intenciones de la Casa Blanca cuando sea cuestionada por los tribunales”.
El País señala que el caso de Kilmar Ábrego es el primer precedente que apunta a que “la Casa Blanca ha decidido operar al margen de la ley y de lo que diga la justicia”.

“Todo en esa escena es aterrador y nauseabundo. Dos jefes de Estado reconociendo y defendiendo ante las cámaras, entre risas, una violación flagrante de los derechos humanos y una burla sin precedentes de las resoluciones judiciales. Poco se puede esperar de Bukele, aspirante a dictador. Pero Trump preside la democracia constitucional más antigua del mundo”, enfatiza El País.

“Ante la osadía del poder ejecutivo estadounidense y la parálisis de su poder legislativo queda esperar mayor contundencia y claridad de los jueces, especialmente del Supremo, y una movilización de la sociedad civil que le quite de la cabeza cuanto antes a la Casa Blanca la idea de que puede ir tácitamente deslizando al país hacia la autocracia sin oposición”, destaca.

El medio recuerda que Washington está deportando al CECOT (Centro de Confinamiento contra el Terrorismo) “a cualquier inmigrante que la Casa Blanca considere un criminal peligroso”, sin que medie un proceso judicial en el que se compruebe que la personal realmente ha delinquido.

“De esta manera ya han sido expulsados de EE UU y encarcelados al menos 260 inmigrantes, en circunstancias especialmente expeditivas y crueles para convertirlos en un espectáculo de redes sociales”, expone El País.
Pero, siendo más específico, se refiere al caso de Kilmar Ábrego, el salvadoreño deportado “por un error administrativo” aun cuando tenía una protección judicial especial y acusan tanto de “terrorista”, pero no presentan ningún antecedente ni documentos que lo incriminen, sino que es culpable porque la Casa Blanca lo dice.

A juicio de El País, “los presidentes de EEUU y El Salvador se conjuran para ignorar una resolución judicial que afecta a los derechos humanos”, al no cumplir la orden de jueces federales y hasta de la Corte Suprema de devolver a Ábrego a Maryland.

El editorial expone el contraste entre el ambiente cordial y distendido que ambos presidentes celebraron el acuerdo que permite a Washington utilizar la megacárcel construida por el populista centroamericano para encarcelar masivamente a pandilleros salvadoreños, frente “al estupor y la indignación que ha provocado esta política cuyo único propósito es aterrorizar a millones de inmigrantes había dado un salto cualitativo importante”.
En esa reunión, reseña la fuente, Bukele aseguró que él no tiene competencias para liberar y enviar a Abrego de vuelta a EE UU, ni tiene ninguna razón para hacerlo, pues a él le ha sido entregado como “criminal” y “terrorista”. La Casa Blanca, por su parte, interpreta que el auto del Supremo le pide estrictamente “facilitar” el regreso. Es decir, que si Bukele libera a Abrego le pondrán un avión, pero que no está en su mano decirle a otro país lo que tiene que hacer. Trump niega que esté incumpliendo ninguna resolución, e incluso asegura que el Supremo le ha dado la razón, explica El País.

Por si fuera poco, agrega el medio, Trump afirmó que quiere ampliar las deportaciones a los “criminales domésticos”, despreciando la idea misma de ciudadanía.

El País señala que el caso de Kilmar Ábrego es el primer precedente que apunta a que “la Casa Blanca ha decidido operar al margen de la ley y de lo que diga la justicia”.

“Ante la osadía del poder ejecutivo estadounidense y la parálisis de su poder legislativo queda esperar mayor contundencia y claridad de los jueces, especialmente del Supremo, y una movilización de la sociedad civil que le quite de la cabeza cuanto antes a la Casa Blanca la idea de que puede ir tácitamente deslizando al país hacia la autocracia sin oposición”, destaca.