“Buenas noticias. De los tres hampones (comisionados) de la Policía de (Daniel) Ortega sancionados hoy (6 de marzo), dos fueron propuestos por nosotros: Luis Alberto Pérez Olivas y Juan (Justo) Pastor Urbina. Seguiremos fiscalizando a esa dictadura hasta que haya democracia en Nicaragua”, publicó en su cuenta de Twitter, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
“Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y América Latina y la Unión Europea deberían imponer sanciones individuales, incluidas la prohibición de ingreso a estos países y el congelamiento de activos, contra altos funcionarios gubernamentales que sean responsables de graves violaciones de derechos humanos”, recomendó HRW en junio de 2019 y propuso una lista de funcionarios que inicia por el mismo presidente Ortega y dos de los jefes policiales que el Departamento del Tesoro acordó sancionar.
Según La Prensa de Nicaragua, Juan Valle Valle, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina, altos funcionarios de la Policía Orteguista de Nicaragua fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por “graves actos de abusos de derechos humanos”, durante la represión a las protestas de abril de 2018 que dejaron casi 400 personas fallecidas.
Los manifestantes buscaban revertir unas reformas al Seguro Social que implementó el régimen sandinista, con el fin de aumentar la cotización que pagan los trabajadores para hacer uso del servicio, pero que luego fueron anuladas a raíz de la presión social el 22 de abril.
La parte medular de las sanciones del Departamento del Tesoro cita como causas fundamentales de las mismas, las violaciones a los derechos humanos durante la represión a la que fueron sometidos los nicaragüenses en 2018.
Valle Valle fue sancionado por ser parte de la Policía de Nicaragua. Según el Departamento del Tesoro “Valle Valle está siendo designado de conformidad por ser un líder de la Policía de Nicaragua, una entidad que ha cometido o cuyos miembros han cometido actos de violencia o conducta significativas que constituyen abusos o violaciones graves de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”.
“El funcionario es el jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje que ha restringido sistemáticamente la libertad de movimiento y expresión de los nicaragüenses”, cita la designación del Departamento del Tesoro.
Mientras que Pérez Olivas es el jefe de la Dirección de Asistencia Judicial de la Policía de Nicaragua y director de la prisión de El Chipote, según una publicación de La Prensa de Nicaragua.
El Chipote es una prisión conocida por prácticas abusivas, en donde las organizaciones de derechos humanos han registrado y denunciado graves abusos contra los derechos humanos desde abril de 2018.
En esa cárcel se han registrado denuncias de torturas, violaciones, choques eléctricos, laceraciones con alambres de púas, estrangulamientos y palizas con tubos de acero a los manifestantes que lograron con fuertes protestas que duraron varios meses para revertir las reformas al Instituto Nicaragüense del Seguro Social.
“Un manifestante encarcelado en El Chipote declaró que hombres enmascarados lo colgaron del techo y lo golpearon con bates de béisbol, tubos y pistolas durante dos días. Posteriormente, el manifestante declaró que lo llevaron a un hombre enmascarado que reconoció por su voz como Pérez Olivas, quien lo obligó a firmar una confesión que implica a otros manifestantes”, cita el escrito del Departamento del Tesoro de EE.UU.
La represión por parte del gobierno de Ortega y la Policía Nacional a dichas protestas causaron alrededor de 325 personas fallecidas, entre estudiantes universitarios, de secundaria, campesinos y policías.
Pastor Urbina es jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Orteguista y según el Departamento del Tesoro está en la misma línea de señalamientos de pertenecer a una institución que viola los derechos humanos y de participar de esos actos.
“Urbina es el Comisionado de la División de Operaciones Especiales de la Policía de Nicaragua, que continúa desempeñando un papel central en la represión en todo el país”, dice el informe de EE.UU.
El comunicado del Departamento del Tesoro detalla que luego de las sanciones establecidas este 5 de marzo “todos los bienes, intereses o propiedades de los tres individuos que se encuentra en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más por las personas y entidades designadas, están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)”, reza el escrito de la entidad estadounidense.
El Senador Republicano, Ted Cruz y el demócrata Bob Menéndez, también han instado al gobierno de Estados Unidos, a aplicar plenamente la Nica Act y a restringir el financiamiento externo a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.