El ministro de Exteriores británico, Dominic Raab, anunció este lunes la creación de un nuevo régimen de sanciones internacionales con el que su Gobierno congelará activos de individuos y organizaciones sospechosas de corrupción en todo el mundo, e incluyó a tres países centroamericanos en su primera lista de castigados.
En una intervención ante la Cámara de los Comunes, Raab detalló las primeras sanciones dentro de ese marco, una parte de las cuales se han tomado en coordinación con Estados Unidos y que afectan a 22 individuos o empresas de seis países, incluidas tres personas con cargos públicos de Honduras, Nicaragua y Guatemala.
El Ejecutivo detalló en un documento publicado hoy que ha impuesto un castigo al diputado hondureño Óscar Ramón Nájera al considerarlo involucrado en un caso de corrupción en el que utilizó su posición "para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas", identificada como "Los Cachiros".
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"Las conductas de esta naturaleza minan seriamente el imperio de la ley y la confianza en las instituciones públicas de Honduras", subraya el Gobierno británico, que considera que Nájera se "benefició financieramente" de sus acciones.
También se han impuesto sanciones contra el diputado guatemalteco Felipe Alejos Lorenzana, a quien el Reino Unido considera responsable de "utilizar su posición para atraer clientes con la oferta de expedir devoluciones de créditos fiscales a cambio de sobornos".
Londres considera que el diputado se benefició de "comisiones" y que "facilitó" y se "benefició" de actos de "corrupción".
Por último, el Reino Unido sanciona al nicaragüense José Francisco López Centeno, que como vicepresidente de la compañía estatal Albanisa ha estado involucrado en casos de "apropiación indebida".
"Durante su liderazgo, fondos púbicos se desviaron a empresas ficticias o bien a proyectos inflados", indica el Gobierno británico, que le acusa de "privar al Estado de Nicaragua y sus ciudadanos de recursos vitales para el desarrollo".
También se bloquearán las cuentas británicas y se vetará la entrada en el Reino Unido de individuos relacionados con un fraude fiscal millonario en Rusia, que destapó el abogado Serguéi Magnitsky, quien murió en una prisión de Moscú en 2009 tras investigar para su firma un supuesto fraude fiscal del Gobierno ruso.
De igual forma se adoptarán medidas punitivas contra casos de corrupción en Sudáfrica y Sudán.
"Nuestro estatus como centro financiero global nos convierte en una ubicación atractiva para la inversión. Estamos orgullosos de ello, le damos la bienvenida, pero eso también nos convierte en algo como un tarro de miel para los actores corruptos que tratan de lavar su dinero negro", dijo Raab ante el Parlamento.
El programa es similar a las medidas aprobadas en julio de 2020 para combatir las violaciones de derechos humanos, que han llevado a Londres a sancionar hasta ahora a 78 personas y entidades de países como Birmania, Bielorrusia, China y Rusia.
El Ejecutivo británico calcula que la corrupción incrementa en torno a un 10 % los costes del comercio internacional para las empresas británicas y se lleva cerca del 2 % del producto interior bruto global cada año.
"Nuestras sanciones no tendrán como objetivo países enteros ni grandes grupos de gente sino a individuos concretos que sean responsables y deban responder por sus acciones corruptas", describió el ministro de Exteriores.
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El foco de las multas se pondrá en delitos relacionados con los sobornos y con la apropiación indebida, detalló Raab.
Entre las actividades sancionables, el Gobierno británico explorará situaciones en las que "un funcionario extranjero desvía propiedades que se le han confiado debido a su cargo público a fin de beneficiarse a sí mismo o a terceros", explicó el jefe de la diplomacia británica.
Esas faltas pueden incluir "desviar fondos estatales a cuentas bancarias privadas", o también "garantizar licencias de explotación de recursos naturales de forma inadecuada", puntualizó.
También se vigilarán casos en los que "se ofrece ayuda financiera u otras ventajas a funcionarios públicos" y se podrá sancionar a individuos que hayan ocultado o facilitado esas operaciones