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Temor en EE.UU. de que drama de Kilmar Abrego se repita en más personas
ANÁLISIS: La conducta de la administración de Trump en este caso ha alarmado a muchos académicos, que lo ven como parte de un patrón preocupante, pues expone a los estadounidenses a correr la misma suerte y a la posible vulneración de sus derechos.
Al abogar por el salvadoreño Kilmar Ábrego, el senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, no está abogando por una sola persona, sino por los derechos constitucionales de todos los que viven en Estados Unidos y que nadie –incluyendo los ciudadanos y nacidos en el territorio-- peligre de ser detenido y deportado sin garantizarle el debido proceso y comprobar su culpa (si la tiene).
“Cuando se le niegan esos derechos a un individuo, se les están negando a todos los ciudadanos de Estados Unidos”, enfatizó el representante del Congreso y pueblo estadounidense tras poder reunirse con Ábrego finalmente y después de enfrentar obstáculos y lo que calificó como un intento de “montaje” en San Salvador.
El gobierno de Trump, que inicialmente reconoció que envió de forma exprés a la inexpugnable megaprisión del CECOT a El Salvador, ahora se niega a devolverlo a Estados Unidos como se lo ordenaron jueces federales de primera instancia y la misma Corte Suprema.
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El gobierno federal repite hasta la saciedad que no devolverá a Ábrego, porque es un “terrorista”, pero el senador Van Hollen dijo que hasta ahora no lo ha probado y lo invitó a mejor fundamentar los cargos en los tribunales y dejar de difundir casos en las redes sociales con mentiras.
Evadir a la justicia y a las órdenes de jueces independientes es común en El Salvador y, como lo dijo el senador Van Hollen, en este país centroamericano “nada sucede si no lo quiere Bukele”, pero en Estados Unidos no se puede saltar fácilmente el Estado de Derecho y el sistema de pesos y contrapesos.
Sin embargo, ahora con las nuevas políticas de inmigración de Trump cualquier persona, incluso un ciudadano, puede ser señalado como “inmigrante ilegal” y ser enviado sumariamente al CECOT (Centro de Confinamiento contra el Crimen Organizado), donde no estará bajo la jurisdicción legal de nadie y, por ende, no puede reclamar derechos.
El ciudadano estadounidense Juan Carlos Gómez López, de 20 años, fue detenido el jueves por la tarde por la Patrulla de Carreteras de Florida y acusado en virtud de una ley estatal de inmigración que ha sido suspendida temporalmente desde principios de este mes. Días después fue liberado tras comprobar su estatus ante un juez, pero pudo correr el peligro de ser enviado de manera exprés al CECOT y correr el infortunio de Ábrego.
El caso de Ábrego ha generado un intenso debate. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward ha denunciado que “la conducta del gobierno es ilegal y una amenaza para las personas y nuestra constitución” si la justicia no lo detiene.
“Los controles y equilibrios se han perdido”
Skye Perryman, abogada de Democracy Forward, que, junto con la ACLU, presentó el caso ante el juez federal James Boasberg en Washington, dijo que “la conducta del Gobierno amenaza a las personas y nuestra constitución”.
Cada vez más los estadounidenses están cobrando más conciencia de que cada uno se expone a correr la misma suerte en vista de la desbordada y violenta operación de las autoridades de inmigración y otras agencias.
La conducta de la administración en este caso ha alarmado a muchos académicos legales, que lo ven como parte de un patrón preocupante. En varios casos de alto perfil, la administración Trump ha resistido abiertamente o ha demorado el cumplimiento de órdenes judiciales. “Los controles y equilibrios se han perdido”, dijo el mes pasado Kim Wehle, profesora de derecho en la Universidad de Baltimore y exfiscal federal, a Time.
Estos hechos marcan la creciente frustración judicial ante lo que muchos observadores legales consideran un patrón de desafío por parte de la Casa Blanca a los tribunales y profundiza la preocupación de que una temida crisis constitucional ya está en marcha.
De hecho, constituyentes de Fort Madison, Iowa, se enfrentaron al senador republicano Chuck Grassley por el caso de Kilmar Ábrego y otros expulsados sin respetarle sus derechos constitucionales: “¿Por qué no hace su trabajo?”, le increparon.
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En una reunión de preguntas abiertas con el senador Grassley algunos asistentes cuestionaron la falta de respuesta por parte de los legisladores a las expulsiones de personas al CECOT.
La administración Trump ha procedido a las deportaciones pese las órdenes de tribunales que le han ordenado incluso que traiga de vuelta a los expulsados, como sucedió con 238 venezolanos a mediados de marzo, y que no puede deportar a nadie sin que haya visto a un juez para que viera su caso, como lo ordenó la Corte Suprema.
"Todos tenemos miedo", dijo la senadora republicana Lisa Murkowski en un video publicado por un medio local de Alaska, convirtiéndose con esa frase en una de las pocas personas dentro del partido oficialista estadounidense en reconocer los excesos de muchas de las medidas del gobierno, particularmente las que usa para silenciar a sus opositores informó BBC Mundo.
La senadora por el estado de Alaska dijo que actualmente está tratando de entender el "impacto que [las medidas del gobierno] puedan estar teniendo en la gente".
"Es una declaración contundente. Pero nos encontramos en un momento y una situación en los que, sin duda, yo nunca antes había estado", dijo la senadora. "Y les digo que a menudo me preocupa mucho alzar mi voz, porque las represalias son reales. Y eso no está bien".
Pero también la indignación ha crecido tras actos calificados como “de barbarie”, como el ataque de agentes de inmigración contra un hombre de Massachusetts luego de que este les explicara dentro de su automóvil que él no era la persona que estaban buscando y pidiera que esperaran a su abogado, según denunció Democracy Now.
Se ha difundido un video en el que agentes de inmigración destrozan la ventana de un automóvil y sacan por la fuerza a Juan Francisco Méndez, un padre de familia guatemalteco de 29 años que actualmente se encuentra en medio de un proceso migratorio para formalizar su estatus de asilo en Estados Unidos, según explicó la fuente.
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Los agentes procedieron violentamente a pesar de que Méndez les pidió esperar a su abogado, lo cual se ha vuelto el modus operandi de los representantes de varias agencias federales, que incluso están conminando a abandonar el país a ciudadanos nacidos en la Unión Americana.
Hechos como estos no sólo asombran y causan repulsa, sino que mantienen en zozobra a propios y extraños, que hacen cuentas de que nunca habían visto cosa semejante con tanta crudeza e impunidad en la historia contemporánea del que antes se enorgullecía de ser el guardián de las libertades en el mundo.
“Debemos estar preparados para defender con todas nuestras fuerzas los derechos básicos de todas las personas que Trump decida convertir en blanco. Si una sola persona se vuelve desechable, cualquiera podría ser el próximo objetivo”, advierte The Guardian.