La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pidió ayer a la Organización de Estados Americanos (OEA) poner fin de inmediato a la crisis abierta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación a la dirección ejecutiva de esta última.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció hace tres días que no renovará el mandato del responsable ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, que expiró oficialmente el pasado día 15, a lo que la Comisión respondió denunciando un atentado contra su “autonomía e independencia”.
Bachelet subrayó precisamente que se debe “garantizar la independencia, autonomía y eficacia” del órgano especializado en derechos humanos.
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Los siete Comisionados de la CIDH habían pedido a inicios de año de forma unánime que se renovara el mandato de Abrao, quien ejercía el cargo desde 2016.
En una declaración emitida por su oficina en Ginebra, Bachelet instó a Almagro y a la CIDH a actuar de acuerdo con sus declaraciones de que resolverían este desacuerdo a través del diálogo.
“No debería tratarse de una cuestión de reputación personal, de lealtades políticas, ni de pérdida de prestigio. Esto debería ser sobre cómo trabajar para proteger los derechos humanos de cientos de millones de personas en todas las Américas en un momento de crisis masiva”, reflexionó Bachelet.
Destacó que la Comisión ha actuado como “un órgano imparcial muy eficaz y de gran confianza”, que su labor es muy apreciada y que, por estas razones, carece de popularidad entre ciertos gobiernos.
La alta comisionada dijo que lo mismo ocurre con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Hasta cierto punto esto es inevitable, si se toman en serio su papel y permanecen verdaderamente independientes y autónomos, incluso de la propia OEA”, recalcó.
Al respecto, José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, manifestó que “usar una investigación administrativa como pretexto para socavar la autonomía de la CIDH, amenaza la credibilidad de una institución vital para luchar contra la impunidad, proteger la libertad de expresión y a las minorías”.
La UCA se pronuncia
Por su parte, el instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) señaló ayer que la decisión de Almagro de no renovar el mandato de Abrao “deteriora el mecanismo de la entidad diseñado para la protección no jurisdiccional de derechos”.
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Por ello, el Idhuca envió una carta a Almagro en la que señala “su profunda preocupación por la decisión de la no renovación de Abrao”.
“Nuestra preocupación radica en que tal decisión, por la forma en que se ha tomado, implica un debilitamiento en la autonomía e independencia de la CIDH”, explicó.
Una autonomía, que según el Idhuca, “instaura como uno de los pilares fundamentales que ha sido ampliamente reconocido por el marco normativo del sistema interamericano y es desarrollado en el Estatuto y Reglamento de la CIDH para garantizar que esta cumpla con su función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos”.
A criterio de esta institución, la decisión de Almagro “debilita la autonomía e independencia de la CIDH y que, además, entre otras cosas, transgrede el principio de progresividad de los derechos humanos, en cuanto a que se estaría deteriorando el mecanismo diseñado para la protección no jurisdiccional de derechos en el continente americano”.
El Idhuca solicitó también “que se retome un dialogo transparente con la CIDH para solucionar esta situación que, de no resolverse con base en el consenso, podría generar unos efectos perniciosos en la promoción y defensa de los derechos humanos”.