La Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó la atención al Gobierno de El Salvador por lo que considera ha “faltado a los principios fundamentales de un Estado de Derecho” durante la emergencia por el COVID-19.
“El derecho internacional permite a los gobiernos restringir algunos derechos cuando se enfrentan a una emergencia como la causada por la COVID-19. Sin embargo, estas medidas deben ser necesarias y proporcionales. Estas deben además estar en concordancia con la Constitución y las normas y estándares internacionales de derechos humanos. También debe haber supervisión judicial y legislativa vinculante para el poder ejecutivo de gobierno, y el ejecutivo debe acatarla. Me preocupa que este no ha sido el caso en El Salvador y que el gobierno está, por consiguiente, faltando a los principios fundamentales del estado de derecho”, dijo Bachelet.
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El llamado de atención lo hizo la ex presidenta chilena basada en un reciente informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en donde se registran decenas de abusos por parte de las autoridades durante la cuarentena domiciliar nacional impuesta desde el 21 de marzo.
Y la alta funcionaria de las Naciones Unidas lanzó un llamado directo a las autoridades del país a investigar:
“Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las presuntas violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación de las medidas para luchar contra la COVID-19”, señaló en un comunicado.
La UCA llama al diálogo
Por su parte, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) pidió en un editorial “responsabilidad, diálogo y el cumplimiento de la ley” a todo el aparato estatal, pero con especial énfasis al Gobierno, durante la pandemia de COVID-19.
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Si bien la casa de estudios superiores aplaude las medidas tomadas por el Ejecutivo que llama “oportunas y eficaces”, como cierre de fronteras, implementación de centros de cuarentena, distanciamiento social, cese de las actividades económicas no esenciales, sí pone la atención en la falta de diálogo, el incumplimiento de sentencias de la Sala para resguardar los derechos humanos durante la emergencia y el rechazo a la crítica.
La UCA recuerda que las sentencias de la Sala de lo Constitucional deben ser acatadas por todos los órganos de Estado y, ante el desafío que ha hecho el Presidente Nayib Bukele de desatender los pronunciamientos de ese tribunal en torno a las detenciones durante la cuarentena, el editorial hace un fuerte llamado de atención.
“Un gobernante que decide no acatar las resoluciones emanadas del poder judicial o irrespetar la Constitución se queda sin autoridad moral para exigirles a los ciudadanos el cumplimiento de leyes y decretos”, sentencia.
La institución educativa destaca que durante una emergencia son vitales las libertades de prensa y expresión, pero lamenta que en ese apartado “el Gobierno excluye y desprestigia al que piensa distinto y en Internet las redes de troles afines al discurso oficial insultan sistemáticamente a los ciudadanos (especialmente si son mujeres) y sectores críticos. Esto es intolerable y debe ser denunciado”.
No al veto
Específicamente, la UCA recomienda al Ejecutivo que debe sancionar, y no vetar como anunció el Ejecutivo) el decreto 632 que la Asamblea aprobó la madrugada del pasado viernes, en el cual establece un protocolo, como lo requiere la Sala de lo Constitucional, para llevar a personas que infrinjan la cuarentena sólo si son posibles focos de infección y sin abusar de sus derechos humanos.
“Los pesos y contrapesos inherentes a la democracia no son una camisa de fuerza ni deben ser vistos como un estorbo a la voluntad del gobernante, sino como el camino para encontrar soluciones con mayor probabilidad de éxito”, manifiesta el editorial.
La casa de estudios afirma que en una crisis de estas dimensiones “es amoral aprovechar la emergencia para generar mayor división social y obtener beneficios partidarios”, y llama a los actores a cada uno poner de su parte para sacar adelante al país.
“La actitud confrontativa del mandatario, su agresividad contra todo grupo u organización que cuestiona sus opiniones y decisiones, contradice su discurso de ser un gobernante que se preocupa por sacar al país adelante”, recrimina en el escrito.