FMI pide flexibilizar trabajo para evitar jubilaciones anticipadas

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha planteado flexibilizar las condiciones de trabajo a las personas de mayor edad para evitar que acaben jubilándose anticipadamente por falta de opciones que favorezcan su continuidad en activo.

Eso lo planteó en su informe anual de evaluación de la economía española (Artículo IV), en el cual el FMI ha incluido un análisis sobre la jubilación anticipada, que considera que en ocasiones es involuntaria y obedece a la imposibilidad de adaptar la jornada al deterioro de las condiciones de salud, al cuidado de familiares o al mantenimiento de las habilidades demandadas.

El fondo señala que el envejecimiento de la población supondrá una presión añadida para las finanzas públicas que podría mitigarse fomentando una mayor participación laboral, después de que el alza de la edad legal y los incentivos a la jubilación demorada ya hayan propiciado un aumento de la edad efectiva de retiro de casi un año desde 2019, al pasar de 64.4 a 65.2 años.

Además de poder reducir el número de horas de trabajo, el FMI plantea también reformar el sistema de prestación y subsidios por desempleo para incentivar que los trabajadores mayores vuelvan al trabajo.

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La brecha de productividad y la débil recuperación de la inversión desde la pandemia también son analizadas este año por el FMI, que aboga por marcos fiscales, de gasto y regulatorios "más claros y predecibles" para las empresas, así como por mercados más integrados y por eliminar barreras a la financiación de empresas nuevas e innovadoras.

Entre las posibles soluciones, el FMI propone políticas que permitan ganar tamaño a las empresas, que a veces prefieren no crecer para no traspasar umbrales de plantilla o de facturación que generan mayores obligaciones laborales e impositivas.

El caso de El Salvador

Eso que ha planteado el FMI a un país europeo no dista mucho de lo que pide a otros países socios en el mundo con los que tiene acuerdos.

En el caso de El Salvador, con el que el Fondo cerró un acuerdo en febrero de este año por 40 meses para un financiamiento de $1,400 millones directamente de ese organismo, también ha puesto sobre la mesa hacer cambios en su sistema de pensiones.

Desde el FMI son conscientes de que el actual sistema previsional no tiene futuro y concluyeron que la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) se agotará en 2027, por lo que el Estado salvadoreño tendría que asumir el pago desde las cuentas públicas de pensiones. La suma requerida sería equivalente al 0.5% de lo que el país produce al año.

Por eso, uno de los compromisos de la administración de Nayib Bukele con el organismo internacional para recibir más recursos desde el Fondo es presentar un estudio actuarial independiente a finales de julio de 2025, cuando se haga la segunda revisión trimestral del acuerdo.

"Para cuantificar los riesgos de la garantía pública explícita sobre todos los reclamos relacionados con las pensiones (públicos y privados) y para informar la toma de decisiones, las autoridades reanudarán las evaluaciones periódicas de la sostenibilidad del sistema de pensiones y publicarán una evaluación actuarial independiente (hito estructural para finales de julio de 2025)", dice en el documento del FMI.

El propósito de dicho estudio debería ser establecer cuándo se agotarán los fondos de pensiones con el escenario actual y qué hay que hacer para que ello no pase.

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Según ha señalado el Fondo, el aumento generalizado del 30% a las pensiones que se aprobó en la reforma de diciembre de 2022 aceleró el agotamiento de la CGS, por lo que la nueva propuesta tendrá que definir cómo se corrigen los problemas financieros y estructurales para cubrir los pagos de los jubilados.

Varios expertos han advertido que lo más probable es que se realicen reformas que ajusten los parámetros existentes del sistema de pensiones, como la edad de jubilación, el porcentaje de cotizaciones o la fórmula de cálculo de la pensión.

"Una reforma integral del sistema de pensiones es necesaria para contener los déficits fiscales y restaurar la sostenibilidad, evitando medidas que aumenten los pasivos contingentes", planteó el Fondo en el acuerdo con el gobierno de Bukele.

En dicho documento afirma que "las autoridades se comprometen a contener los posibles costos fiscales asociados con la reforma de pensiones de 2022".

Sin embargo, desde dicha reforma la deuda del gobierno con los trabajadores ha aumentado sin parar. Según los datos oficiales hasta abril de 2025, la administración actual ha tomado $2,347.06 millones, mediante la emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), los instrumentos creados a partir de la reforma de diciembre de 2022. Y solo en el gobierno actual la deuda se duplicó al pasar de $5,082.7 millones a $10,742.22 millones. 

Asimismo, el organismo internacional indicó que tras la evaluación que hagan al sistema previsional salvadoreño, y con el apoyo técnico del FMI, se publicará una propuesta de reforma de pensiones para el 10 de febrero del próximo año.

"Y se adoptará a partir de 2026 para asegurar la solidez del sistema de pensiones, conteniendo al mismo tiempo los costos fiscales y los pasivos contingentes. El plan incluye expandir la cobertura (dada la alta informalidad) y hacer que el sistema existente sea más sostenible", anticipó el Fondo.