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Tribunal suspendió juicio en caso Asocambio y ordenó arresto domiciliario para Mauricio Landaverde
Al exministro se le acusa de desviar dinero producto del comercio en las tiendas al interior de cárceles a través de una sociedad denominada Asocambio.
El juicio en contra Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Seguridad, y Ramón Roque, inspector de Centros Penales fue suspendido el pasado lunes, así lo determinó el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Ambos deben cumplir arresto domiciliario y comparecer el próximo 20 de agosto, que es la nueva fecha para la audiencia, ya que aún tienen órdenes de libertad.
El caso "Asocambio (Asociación Yo Cambio)" involucra a Ramírez Landaverde y Roque, así como a Marco Tulio Lima, exdirector de Centros Penales, cinco funcionarios del Ministerio de Seguridad, y 11 empleados de la ANDA.
Estos acusados enfrentan cargos de malversación de fondos, soborno, abuso de poder y falsedad, por presuntamente desviar dinero de las tiendas penitenciarias a través de la Asociación Yo Cambio entre el año 2018 y 2019., según el reporte de la Fiscalía General de la República (FGR).
El presunto desvío de fondos de las tiendas penitenciarias asciende a un aproximado de medio millón de dólares. "Algunas retribuciones alcanzaron montos de 2 y 3 mil dólares que fueron cancelados de los fondos de las tiendas y por ANDA al mismo tiempo", señala uno de los boletines de la FGR.
Este es el tercer intento de llevar a cabo el juicio. La primera suspensión fue el 12 de enero debido a la ausencia de Ramírez y Roque, y problemas con la transmisión virtual.
La segunda suspensión ocurrió el 26 de abril por problemas de salud de Ramírez, y sus abogados no pudieron asistir a la nueva fecha porque ya tenían otros compromisos.
La audiencia, que estaba programada para la mañana comenzó a las 2:30 de la tarde debido a problemas técnicos con la conexión desde el penal La Esperanza. La audiencia fue reprogramada por los problemas mencionados.
En su momento, una de las fiscales del caso explicó que los acusados, quienes tenían responsabilidades en el Ministerio de Justicia y en la Dirección General de Centros Penales, están siendo juzgados por mal uso de fondos destinados a tiendas institucionales. Estos fondos se usaron para beneficiar a la Asociación Yo Cambio, creada por los propios acusados, en lugar de ser utilizados para los fines legales establecidos.