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Santa Marta denuncia sigue la compra de terrenos ligados a minería en el país
Representantes de la comunidad sostienen que empresas extranjeras han adquirido más de 300 manzanas de tierra donde se encuentran ubicadas las vetas de oro.
La adquisición de terrenos en las zonas donde se encuentran ubicados los depósitos de oro en el territorio salvadoreño sigue avanzando de forma silenciosa, así lo denunció Peter Nataren, presidente de la Cooperativa Nueva Heroica Santa Marta, quién advirtió que a la fecha más de 300 manzanas de tierra han sido compradas por grupos financieros extranjeros, principalmente hondureños.
Nataren sostiene que estas compras forman parte de los planes gubernamentales para la reactivación de la minería metálica en El Salvador, a pesar del rechazo social y la constante defensa ambiental dirigida desde las comunidades como Santa Marta, en Cabañas.
“La Ley de Minería es una amenaza constante mientras no se derogue. La minería la usaron con un discurso falso; le dijeron a la gente que iba a traer desarrollo”; sin embargo, la adquisición de terrenos no está dirigida por entidades gubernamentales sino extranjeras, advirtieron.
“Le están mintiendo a la gente, el Estado debía adquirir la tierra donde están las vetas. Eso no se hizo.”, afirmó el líder comunitario, que además cuestionó quién está detrás de esas compras.
El representante sostiene que al ser inversionistas externos los dueños de las tierras, serían ellos quienes lideren los proyectos extractivos, entidades privadas con nexos que aún no han sido esclarecidos.
“Si la minería iba a ser para el Estado, era él quien debía adquirir esas tierras. Pero no fue así. Esos terrenos los compró un grupo que se beneficia (...) no solo en este proyecto”, sentenció.
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Santa Marta lidera la defensa ambiental
La comunidad Santa Marta ha sido protagonista de la lucha contra la minería metálica en el país desde hace más de dos décadas.
En 2009, su presión comunitaria fue clave para detener los planes de extracción de la empresa Pacific Rim, caso que se convirtió en símbolo de victoria y resistencia ambiental en el país.
Desde esa fecha, Santa Marta ha mantenido una postura firme en defensa del territorio y del agua, promoviendo la participación de otras comunidades.
“El caso Santa Marta fue el primer caso que abrió, por lo menos, un espíritu de enfrentar estos movimientos. Una comunidad comenzó a jalar otras comunidades y hacerle frente”, señaló Nataren.
Pero este trabajo también ha tenido consecuencias, cinco líderes comunitarios y defensores ambientales enfrentan actualmente un proceso judicial por presuntos delitos cometidos durante el conflicto armado, a pesar de que ya fueron absueltos por un tribunal en el pasado.
Juicio de ambientalistas se reprograma por cuarta vez
El Tribunal de Sentencia de San Vicente reprogramó nuevamente el juicio contra los cinco líderes ambientalistas y dos líderes comunitarios del caso Santa Marta, que estaba previsto para este martes 3 de junio, pero ha sido trasladado para el 29 al 31 de julio.
Se trata de la cuarta vez que se posterga el inicio del juicio.
“Era lógico que iba a suspenderse porque ahora está el caso de los periodistas holandeses y la mayoría de los abogados van en ambos casos”, detalló Nataren.
El líder también criticó al juez asignado al proceso por su pasado como guardia durante el conflicto armado “no puede ser juez y parte porque eso contamina el caso”, afirmó.
Esta acusación no ha recibido una resolución por parte de las autoridades correspondientes.
Además, denunció que uno de los imputados sin detallar su identidad enfrenta persecución policial. “Llegan a custodiar su casa, interrogan a los vecinos, hay hostigamiento a su familia, y nadie dice nada”, lamentó.
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El trasfondo del caso
Para Nataren, la reactivación del caso judicial no solo representa una amenaza directa a los líderes comunitarios, sino también un intento por debilitar la oposición a las intenciones extractivistas que según denuncia está resurgiendo en el país.
“No sabemos en qué va a terminar, pero se entiende que el caso ha puesto en complicaciones el proyecto de minería del Estado. A ellos los dejó absueltos un tribunal. Yo no sé qué tipo de asesores tiene el fiscal general, porque no mide las consecuencias cuando vuelve a reactivar el caso”, argumentando que “vuelven a reactivar los comentarios negativos contra la minería”, concluyó.
Los imputados en el caso son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega.
En noviembre del año pasado, la Cámara de lo Penal de Cojutepeque anuló el fallo emitido el 18 de octubre por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque en el que los acusados fueron sobreseídos y ordenó repetir el juicio.