Presupuesto del país se modificó por más de $432 millones en el primer semestre
El constante ajuste genera preocupación entre expertos, quienes advierten sobre una falta de planificación y un posible "desorden presupuestario".
La Asamblea Legislativa, por solicitud del gobierno, modificó en el primer semestre del año fiscal 2025 un total de $432,957,329.28 del presupuesto general de la nación entre reorientaciones de fondos y otros, a través de 20 decretos.
Para febrero hubo dos modificaciones, las cuales sumaron $98,134,900; en marzo hubo ocho que sumaron $207,275,503.71; en abril se aprobaron cuatro que sumaron $46,215,981.57, en mayo fueron tres por un total de $78,428,944 y en junio hubo dos que sumaron $2,902,000.
En febrero hubo una incorporación de fondos por $84,634,900 provenientes del contrato de préstamo "Operación de Fortalecimiento de Soberanía de Conectividad de El Salvador: Cable Submarino", asignados a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones para financiar el despliegue del primer cable submarino en el país. Hubo otra incorporación de $13,500,000 para el Ministerio de Salud (proveniente de préstamo).
Las de marzo fueron por $157,745,589 para el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT); $459,846 para el Centro Nacional de Registros; $40,000,000 para el Ministerio de Agricultura y Ganadería; $1,975,792 a la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social; $497,962 para el Ministerio de Hacienda; $852,967.71 para el Instituto Nacional de los Deportes; $993,347 y $4,750,000 para el MOPT.
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Para abril, $1,410,000 fueron transferidos del sector azucarero, $8,700,000 para el MOPT y el debido tratamiento de los daños por la tormenta tropical Alberto; $24,000,000 fueron para Hacienda por la "necesidad de dar cobertura presupuestaria" a las obligaciones del Fondo Fiduciario para la Conservación y Restauración del Río Lempa.
De las de abril destaca la asignación de $12,000,000, recursos provenientes de asignaciones disponibles del ramo de Hacienda, que fueron destinados para financiar el presupuesto especial de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuya ley de aprobación data de 2024.
En mayo de 2025 se reformó la Ley de Presupuesto 2025 para la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), incorporando $30,000,000 de recursos propios para el proyecto "Construcción y Equipamiento del Área de Bandas de Equipaje, Llegadas del Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El Salvador".
Otros $5,428,944 fueron asignados al MOPT para financiar el "Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador".
Se transfirieron $43,000,000 a los Ramos de Agricultura y Ganadería, y de Obras Públicas y de Transporte para cubrir el bono agrícola y fortalecer la capacidad logística de abastecimiento de los Agromercados.
Al Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF) se le incorporaron $2,177,000 de recursos propios con el propósito de dotar al Centro de Desarrollo Profesional de equipamiento tecnológico especializado.
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También se reformó el Ramo de Agricultura por $725,000 provenientes de donaciones. Estos fondos financian el proyecto "Apoyo a la Cadena de Suministros de Productos Agropecuarios para la Comercialización a Nivel Nacional".
"Improvisación"
El economista Rafael Lemus recalca que las constantes modificaciones al presupuesto del país son "propias del gobierno de Nayib Bukele". El experto advierte de desorden presupuestario.
"Todos los ejercicios fiscales en los que han participado, han sido de bastante irregularidad, en el sentido de que las modificaciones al presupuesto se hacen una rutina; pero es algo desproporcionado y refleja que el presupuesto no constituye un instrumento de control fiscal", señaló Lemus.
El economista añade que el gobierno convirtió el presupuesto general en un requisito formal de arranque.
Para el diputado Francisco Lira, de ARENA, esta constante reforma presupuestaria no debería verse como algo rutinario.
"Es una señal evidente de desorden y de falta de planificación en el manejo de los recursos públicos. El presupuesto debería ser una herramienta técnica, seria y estable, no un documento que se acomoda constantemente a las necesidades políticas del momento. Ajustarlo cada pocas semanas, sin transparencia ni explicaciones demuestra una preocupante improvisación", señaló.

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