Presentan nuevo recurso por detención de abogado y pastor de cooperativa El Bosque

La defensa del abogado ambientalista Alejandro Henríquez y del pastor y líder comunitario, José Ángel Pérez, presentó este miércoles una demanda de hábeas corpus en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que esta modifique la detención provisional en la que se encuentran.

Ambos son acusados de los delitos de desórdenes públicos y resistencia agresiva. Fueron detenidos luego de la concentración realizada el 12 de mayo por habitantes de la cooperativa El Bosque, en las cercanías de las residencia del presidente Nayib Bukele, para pedirle que frenara una orden de desalojo que enfrentaban.

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El hábeas corpus (exhibición personal) es un recurso que permite a los abogados apelar cuando existe una detención ilegal. La defensa de Henríquez y Pérez señaló ante la Sala que el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla, que ordenó la detención, excedió márgenes establecidos en la Constitución para la detención provisional.

En el recurso plantearon que el abogado y el líder comunitario participaron en una concentración de carácter pacífico, en la cual hubo uso desproporcionado de la fuerza policial. Quedó registrado en videos que elementos de la Policía Militar, diseñada para resolver asuntos internos del Ejército, llegaron a contener la manifestación.

Uno de los argumentos de los defensores es que la concentración no obstaculizó ninguna vía pública, porque los habitantes se mantuvieron en la zona verde del redondel La Palma, carretera al Puerto de La Libertad.

La defensa presentó la declaración juradas de 13 personas que testificaron la naturaleza pacífica de la concentración, pero el juzgado que conoció inicialmente el caso le dio validez a la tesis de la Fiscalía que aseguró que los detenidos tenían la intención de ingresar a la residencial Los Sueños.

"Existen criterios de la CIDH y de la Corte Suprema de Justicia que protegen el derecho a la libertad de expresión, señalando que el ´orden público´ no puede invocarse para criminalizar concentraciones legítimas", se pronunció Reverdes, organización a la que pertenece el abogado.

También señalaron que se ha vulnerado el derecho de la libertad ambulatoria de los detenidos. "En este caso ni siquiera hay elementos, señales mínimas que indiquen la existencia de un delito. Lo que sí tenemos son elementos que reconfirman la inocencia de nuestros compañeros. En segundo lugar, la jueza no acreditó el peligro de fuga, haciendo una incorrecta valoración de los arraigos presentados por la defensa", comentó Dalia González, abogada y militante de Reverdes.

Este es el segundo recurso que agota la defensa. Previamente presentó una apelación ante la Cámara de lo Penal de Santa Tecla, que validó lo decidido por el Juzgado de Paz.

La Cámara de lo Penal concluyó que "la protesta que se había mantenido pacífica durante el día dejó de serlo, puesto que a esa hora se utilizaron megáfonos, tenían cocinas, hamacas, todo indica que con la finalidad de asentarse un buen tiempo frente a dicha residencial".

Los magistrados de la Cámara consideran que se prueba que existió violencia solo por el hecho de que llegó la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) a disipar la protesta.

Respuestas previas de la sala

La Sala de lo Constitucional respondió recientemente dos recursos hábeas corpus presentados por detenciones recientes: la de Ruth López, jefa Anticorrupción de Cristosal; y la de Enrique Anaya, abogado constitucionalista.

En el caso de la abogada anticorrupción, la Sala admitió el recurso, pero no se pronunció sobre las irregularidades desde la captura (desaparición de López, irrespeto de plazos y cambio de delito) denunciadas por Cristosal. "Sin embargo, la resolución omite pronunciarse sobre la violación al debido proceso, no reconoce la detención arbitraria y avala la aplicación de los plazos del régimen de excepción a delitos comunes, vulnerando con ellos derechos que la Constitución garantiza a todas las personas sin distinción", señaló la organización en un comunicado.

En el caso de Anaya, la Sala de lo Constitucional también notificó la admisión del recurso de exhibición personal, para verificar si con su detención se le vulneró su derecho a salud y defensa. A Anaya, pese a ser acusado de un delito patrimonial, le han aplicado los plazos del régimen de excepción. En esta admisión, la Sala de lo Constitucional llamó a la Fiscalía a presentar las acusaciones en un plazo razonable, sin esperar el plazo máximo de quince días desde la detención.

Diferentes organismos asocian las capturas de los abogados, de activistas y defensores de derechos humanos a una escalada represiva contra voces críticas de Bukele.