Habitantes de la Línea Férrea piden investigación contra ministra Michelle Sol
Los habitantes junto a organizaciones presentaron un aviso a la Fiscalía por los delitos de incumpliento de deberes y actos arbitrarios.
Habitantes de la Línea férrea presentaron un aviso a la Fiscalía General de la República para que se inicie una investigación penal en contra de la ministra de Vivienda Michelle Sol, por delitos de incumpliento de deberes y actos arbitrarios.
El numeroso grupo de personas, que forman parte de la Mesa Nacional de la Línea Férrea, llegaron hasta las oficinas de la FGR acompañados del abogado Rudy Joya, de Unidehc, y miembros del bloque de resistencia y Rebeldía Popular.
"Vamos a presentar este día, en conjunto con las demás organizaciones, un aviso penal en contra del Ministerio de Vivienda, y específicamente en contra de la ministra de vivienda Michelle Sol por dos delitos", expuso el licenciado Joya.
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Joya resaltó que la funcionaria no ha dado cumplimiento al decreto 289 de 2019, el cual establece que cada familia que habita en la línea férreas a nivel nacional pueda recibir las escrituras y así tener seguridad jurídica sobre los terreno "donde han vivido por años".
El académico añadió que desde la entrada de la actual gestión de gobierno no se han entregado esas escrituras a un grupo de familias, quienes siguen esperando.
"Hay un decreto legislativo que es el 289 donde se le obliga a estas instituciones a que den escrituras a las personas que están sobre la Línea Férrea, pero a la fecha prácticamente están siendo afectadas casi las 10,000 familias" que viven en estas zonas, expuso.
Los miembros de la Mesa Nacional de la Línea Férrea aseguran que también temen ser afectados con el proyecto del Tren del Pacífica, del cual no se conocen detalles.
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Señalan que desde septiembre del año pasado se han estado presentando además escritos a la ministra para conocer detalles del proyecto y si existe un plan de las familias que resulten afectadas, a los cuales no ha dado respuesta
"Al no dar respuesta a estas peticiones, el no hacerlo es ahí donde caen los delitos de incumplir a sus deberes como funcionaria pública y aparte actos arbitrarios porque ni siquiera una audiencia le quiere dar a estas 10,000 familias para dar una solución a la problemática que ellos tienen actualmente", puntualizó Joya.

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