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Empleada sufrió abuso psicológico y sexual tras ser contactada por red social
La empleada doméstica fue maltratada durante dos meses. Durante este tiempo no recibió ningún pago, a pesar de que al ser contactada le ofrecieron un salario de $100 mensuales. Según la Fiscalía, los victimarios mantenían a la empleada doméstica encerrada durante casi todo el día y al finalizar la tarde le pedían que hiciera el oficio.
El ruido de unos cohetes se escucha en las calles del barrio San José, del distrito de Santo Domingo, en San Vicente. El pueblo está celebrando las fiestas patronales y la mayoría de sus calles se encuentran cerradas.
Sentado en una hamaca, a las orillas de la cancha de fútbol, está un hombre de aproximadamente 40 años. Cerca de ese lugar vivía Luis Ángel Andino Ayala, condenado en el 2022 por el delito de violación en perjuicio de una víctima, una empleada doméstica que fue contactada por él y otra persona a través de una red social.
En el pueblo nadie da referencia de ella, pero sí del agresor. ¿Conoce a Luis Ángel Andino?, se le preguntó a aquel hombre de la hamaca. “No me suena ese nombre”, respondió.
Luego de un par de minutos de conversación, el periodista le muestra una fotografía que la Fiscalía publicó cuando Andino recibió la condena. “Ah, sí, la última casa en la que vivió él fue cerca del cementerio”, dijo.
Otro hombre que lo acompañaba secundó esa afirmación y advirtió: “No anden buscándolo, esa persona andaba siempre metido en problemas. Les sugiero que no se metan”.
Los dos hombres afirmaron conocer a Andino, pero desconocen si estuvo involucrado en un proceso judicial.
“Él ha de estar en el Cecot. Dos de sus hermanos eran reconocidos pandilleros de acá de la zona y se los levantaron. A otro lo desapareció la misma pandilla”, aseguraron los vecinos.
Cerca del cementerio otro grupo de habitantes del barrio San José también dijo que conoció a Andino. Relataron que estos hermanos crecieron solamente con sus abuelos y aseguraron que dos de estos eran pandilleros.
“Sombra le decían al hermano menor. A él lo desaparecieron, ya no supimos nada de él. A Andio le decían el orejón, pero desde hace algunos años no supimos nada”, dijo otro de los vecinos.
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Los hechos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en septiembre de 2022 que el Tribunal de Sentencia de San Vicente condenó a penas de 10 y 14 años de prisión a una pareja por el delito de abuso sexual y trata de personas en la modalidad de trabajo forzado.
Según la acusación, Luis Ariel Andino Ayala junto a María Edith Rodríguez Ayala contactaron por medio de una red social a la víctima, que goza con régimen de protección, para que realizara oficios domésticos. Los hechos ocurrieron entre el 29 de mayo y el 9 de agosto del año 2018.
Sin embargo, según las investigaciones, la pareja mantenía encerrada a la víctima durante el día y al finalizar la tarde la “obligaban a desarrollar los oficios de la casa”. La Fiscalía logró comprobar que a la empleada le ofrecieron pagarle $100 mensuales, pero nunca recibió un salario.
Los fiscales lograron recabar diferente pruebas con las que lograron demostrar la existencia del delito de trata de personas agravada en la modalidad de trabajo forzado y por violación.
El tribunal decretó una condena de 14 años en contra de María Rodríguez por los delitos de trata de personas y violación y 10 años en contra de Luis Andio por el delito de violación.
Salario mínimo para domésticas
La Sala de lo Constitucional ordenó, en marzo de 2020, a las autoridades del Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) y del Ministerio de Trabajo que incluyeran a las personas que se dedican al servicio doméstico en las tarifas del salario mínimo, a través de un decreto ejecutivo.
En esa oportunidad, la Sala dio 12 meses a las autoridades del Consejo Nacional del Salario Mínimo y al Ministerio de Trabajo para que regularan la situación salarial de esas trabajadoras. Sin embargo, el tema sigue sin resolverse.
Los magistrados de la destituida Sala de lo Constitucional afirmaron que el salario mínimo, contemplado en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución, constituía un elemento fundamental a recibir una remuneración indispensable para cubrir las necesidades humanas vitales, por lo que a ningún trabajador, independientemente del área en la que se desempeñe, puede excluirse del respeto y protección de ese derecho.
En mayo de 2025, diferentes organizaciones pidieron al CNSM fijar un salario mínimo para el sector de trabajo doméstico, representado en su mayoría por mujeres que realizan jornadas extendidas, con una remuneración por debajo de la media y sin cobertura social.
El Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar Remuneradas Salvadoreñas (SIMUTHRES) pidió en junio de 2024 al Ministerio de Trabajo cumplir con la resolución de la Corte y fijar un salario al sector.
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